El jurado popular ha concluido que la mujer que murió en una celda de la cárcel de Pamplona en 2021 fue asesinada por su compañera de celda. La acusada ha sido declarada culpable de asesinato con alevosía y será condenada a una pena de entre 15 y 25 años de prisión, según determine la magistrada.
La jueza ha decretado prisión provisional para la condenada, una medida solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación popular ante el riesgo de fuga. El jurado ha reconocido una atenuante de patología psíquica, al constatar que la acusada padece una enfermedad mental, aunque sin brote psicótico en el momento de los hechos.
Por su parte, la defensa ha pedido que la pena quede en 15 años de cárcel, mientras que la Fiscalía solicita 19 años, al considerar la atenuante como “simple”. En cambio, el abogado de la pareja de la víctima reclama la pena máxima, 25 años de prisión.
Los hechos se remontan a la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021, en una hora indeterminada entre las 21:00 y las 3:10, en la celda que ambas mujeres compartían. La acusada llevaba interna desde el 14 de octubre de 2021 y formaba parte del Programa de Prevención de Suicidios del centro penitenciario, que contempla la designación de una interna como “presa de apoyo” o acompañante permanente. Precisamente, la víctima había manifestado ese mismo 7 de noviembre su deseo de abandonar esa tarea.
El jurado ha considerado probado por unanimidad que la acusada estranguló y asfixió a la mujer “consciente y voluntariamente”, con la intención de acabar con su vida. También ha descartado que la muerte se produjera por causas naturales.
Asimismo, ha determinado que el crimen se cometió de forma súbita y sorpresiva, por la espalda, sin riesgo para la agresora, lo que impidió a la víctima defenderse. Siete miembros del jurado han coincidido en que la autora era consciente de esa situación de ventaja y se aprovechó de ella para consumar la agresión.
Tras el veredicto, la Fiscalía reclama una indemnización de 100.000 euros para la hija, la madre y la pareja de la fallecida, y solicita que la institución penitenciaria asuma la responsabilidad civil subsidiaria por el crimen cometido en sus instalaciones.
