Solo a un alcalde sectario como el bilduetarra Joseba Asirón —que presume, con razón, de ser doctor en Historia del Arte por la Universidad de Navarra—, al amparo del huracán destructivo que impregnan las leyes de la Memoria Histórica y Democrática, se le ocurre estar dispuesto a derribar o desmochar el Monumento a los Caídos en la guerra civil de 1936. Inaugurado en 1952, con un estilo neoclásico monumental, forma parte del patrimonio histórico-cultural de Navarra y está insertado en el paisaje urbanístico de la ciudad, configurando un eje visual y simbólico entre la avenida de Carlos III el Noble y la plaza de la Libertad.
Para apoyar al adalid de la piqueta vino a Pamplona, con todos los honores, en calidad de experto: un tal Cristian Düri, curador del Memorial de Mauthausen, el campo de concentración nazi en el que murieron asesinadas miles de personas durante la II Guerra Mundial. El Memorial austríaco pretende que las nuevas generaciones sepan que aquel lugar era uno de los campos de exterminio construidos en el marco de uno de los episodios más trágicos y crueles de la historia humana, la II Guerra Mundial, por orden del líder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (Partido nazi), Adolf Hitler, que fue responsable de un gigantesco genocidio y de un sinfín de crímenes de lesa humanidad. Serían en torno a 5 o 6 millones los asesinados en los campos de concentración nazis cumpliendo las órdenes de Hitler, una cifra escalofriante solo superada por Josep Stalin, líder del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que asesinó a 20 millones de personas, promoviendo la extensión por el mundo de los Partidos Comunistas, causantes de unos 100 millones de asesinatos.
El curador austríaco seguro que desconoce que en España no hubo nada semejante a la II Guerra Mundial, pues la gran tragedia fue que luchaban españoles contra españoles. En los dos bandos se cometieron violaciones de lo que el derecho internacional de nuestros días calificaría de crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio, como es el caso del exterminio de la Iglesia Católica en las zonas republicanas.
En Navarra la mayoría de los navarros combatió para lograr el triunfo del Alzamiento cívico-militar. Los vencedores construyeron el solemne Monumento neoclásico en recuerdo de los Caídos (en mi opinión, debería rebautizarse como Monumento a la Paz y la Libertad de Navarra), que se inauguró en 1952. Han pasado ya casi 75 años y el Monumento está insertado en el paisaje urbanístico de la ciudad —es una expresión correcta y habitual en arquitectura, urbanismo y patrimonio—, configurando un eje visual y simbólico entre la avenida de Carlos III y la plaza de la Libertad. Asirón no tiene ninguna intención de buscar la concordia, sino todo lo contrario. Se plantea derribarlo o desmocharlo y crear un Memorial que recuerde para siempre los crímenes de “las derechas”, a la que de forma subliminal se identifica con la derecha navarra. De ahí que quien no comparta el planteamiento “progresista” sea un fascista.
Hoy, con toda certeza, forman parte de EH Bildu muchos que han tenido padres o abuelos que lucharon en el bando vencedor. De lo que estoy seguro es de que desconocen el contexto histórico en el que se produjo la guerra civil. Desde la proclamación de la II República en 1931, en España se gestó un ambiente guerracivilista y pronto el país se dividió en dos. De un lado, las izquierdas se preparaban para implantar la Revolución Social y soñaban con el exterminio de los que consideraban instrumentos de la explotación de los proletarios, como la Iglesia, el Ejército, la Guardia Civil, la Banca y el capitalismo, así como a los grandes terratenientes. Soñaban con un futuro orden político-social en el que las clases sociales quedarían abolidas y desaparecería el Estado, eso sí, previa implantación de la dictadura del proletariado. Los principales líderes del Partido Socialista Obrero Español, como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, arengaban a las masas, rechazando la Constitución de 1931, a la que calificaban de burguesa. Las derechas abogaban por la restauración de la paz y el orden, imprescindibles para conseguir el progreso económico y social.
El antecedente de la contienda hay que situarlo el 6 de octubre de 1934, cuando el PSOE se sublevó contra el legítimo Gobierno de la II República en toda España para implantar la Revolución Social. Estas son algunas de las “perlas” de Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT y presidente del PSOE, con estatua en la Castellana: “Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista”; “La democracia es incompatible con el socialismo”; “Reivindico la dictadura del proletariado, que considero inevitable”. El golpe fracasó, pero tuvo especial dureza en Asturias, donde en tan solo quince días la Revolución socialista causó 1.400 muertos. Fueron asesinados 35 sacerdotes y seminaristas. El casco histórico de Oviedo quedó totalmente destruido.
En las elecciones generales de febrero de 1936, el Frente Popular, una coalición de partidos que no creían en la democracia, se hizo con el poder gracias a un probado pucherazo, que arrebató a “las derechas” cuarenta escaños que les habrían dado la victoria. En los meses que siguieron hasta el Alzamiento cívico-militar el caos se había apoderado de España. Además de la quema de numerosas iglesias y conventos, fueron asesinadas numerosas personas. En la sesión de las Cortes del 15 de junio de 1936, un diputado centrista de la CEDA pronunció un discurso haciendo balance del caos republicano, al que siguió el líder de Renovación Española (monárquico), que denunció la anarquía en que estaba sumida España. Esto provocó una violenta respuesta del presidente del Gobierno, Casares Quiroga; se amenazó de muerte al líder de Renovación Española, Joaquín Calvo Sotelo. En su réplica, pronunció unas frases proféticas: “Yo digo como lo que el santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: ‘La vida podéis quitarme, pero nada más. Más vale morir con honra que vivir con vilipendio’”. Fue entonces cuando la diputada comunista Dolores Ibárruri, alias “la Pasionaria”, dijo: “Ese hombre ha hablado por última vez”. Y fue profética, pues la noche del 13 al 14 de julio, un grupo de miembros del PSOE lo sacó de su domicilio y lo asesinó. El 17 de julio tan pronto como se produjo la sublevación, las izquierdas proclamaron la Revolución Social en la mayor parte del país, pues los sublevados fracasaron en Madrid, Barcelona y la mayor parte de las grandes ciudades.
Pues bien, hay algo que se oculta hoy, y es que en el Partido Nacionalista Vasco se partió en dos. En Pamplona y en Vitoria, los nacionalistas se adhirieron al Alzamiento. En Guipúzcoa y Vizcaya, el PNV se posicionó a favor de la República. En Navarra sobresalen el fundador del PNV, Manuel Aranzadi, Paz de Ciganda o Miguel Javier Urmeneta. Este último, después de la guerra, se sumó a la mal llamada “División Azul” y llegó a ser teniente coronel del Estado Mayor del Ejército, hasta que el “Caudillo” le nombró alcalde de Pamplona. También se sumó a la sublevación Arturo Campión, tras la caída de San Sebastián. En la carta que dirigió en agosto de 1936 Paz de Ciganda al presidente de la Junta Central de Guerra Carlista, José María Beasain, se lee: “Llena de afirmaciones, mi espíritu Cristiano, Español y Navarro, mi mano siempre estuvo abierta, como mi corazón, con este movimiento salvador de nuestra fe; puse a su servicio cuanto soy y represento, mi solicitud, mi cariño por los soldados navarros sin distinción; mejor dicho, inclinándome siempre al pobre y humilde = Por Dios, por España y por Navarra desde el primer momento”.
Tampoco es conocido el informe que Manuel de Irujo elevó al presidente del Gobierno, Largo Caballero, sobre la persecución de la Iglesia en la zona republicana, con apenas seis meses desde el inicio de la guerra civil. Irujo, navarro de Estella, era diputado por Guipúzcoa y fue clave en la reunión del Euskadi Buru Batzar del 19 de julio de 1936, en la que se decidió ser leal a la República, a cambio de la inmediata aprobación por las Cortes del Estatuto de la Región Vasca o Euzkadi. Pues bien, esto decía Irujo en un Manifiesto de fecha 7 de enero de 1937, firmado en Valencia, donde se había refugiado el Gobierno. Reproducimos las partes más significativas:
“La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente:
— Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.
— Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.
— Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.
— En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos.
— Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruidos.
— Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles; hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdotes.
— Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía, que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde”.
Largo Caballero no se dio por enterado.
En el Memorial del Monumento deberían recordarse a los 150 sacerdotes, religiosos y frailes navarros, entre ellos 19 monjas, asesinados por el mero hecho de serlo.
