En su segundo libro, “Tierra firme” (2022), Pedro Sánchez despliega toda su vena literaria para contar su experiencia en los trágicos incendios forestales del verano de 2022. En aquella ocasión visitó las zonas afectadas, constató los daños causados y escuchó a los vecinos, entre ellas la sierra de la Culebra en Zamora. Algunos lugareños le contaron sus desgracias y lo impactaron. Y es que los —cito literalmente a Sánchez— “en su mayoría gente mayor que sentían que el abandono, la desprotección y el olvido durante años culminaban en aquel desastre medioambiental y económico”. Una mujer se le acercó y le dijo: “Ha tenido que ocurrir todo esto para que la gente sepa que existimos”. Sobre esta queja Sánchez añade: “Le prometí que el Gobierno de España los ayudaría”. En Otero de Bodas, “una señora me contó llorando que había perdido su casa. La abracé. Recuerdo que hablé también con una mujer centenaria y otra de noventa años en silla de ruedas… Es difícil imaginar lo que sentían personas de edad avanzada con dificultades de movilidad”.
A continuación, Sánchez nos da una lección magistral de cómo el cambio climático “genera un aumento de las temperaturas y veranos más largos. Este calor favorece la evaporación de agua, lo que, junto a la escasez de lluvias, agosta las plantas y los árboles, reseca la tierra y convierte el medio natural en pasto de las llamas con mayor facilidad”. Pero no solo la naturaleza es la culpable de los grandes incendios. La responsabilidad recae en las Comunidades Autónomas que en el invierno deberían concentrarse en la limpieza de los montes y no lo hacen, sino que, producido el incendio, es a ellas a quienes corresponde el mando único de las labores de extinción. “El Estado colabora con medios adicionales, pero no suple los medios ordinarios que ellas deben proveer y los trabajos para poner limpios los bosques”. El presidente afirma que “tenía claro que la prevención y la extinción de incendios debían recibir un impulso político extraordinario. Se lo hemos dado desde el Gobierno aprobando medidas de distinto calado. El mando único para la extinción, a incendios que afecten a más de una comunidad autónoma, resultaba tan necesario que enseguida se puso en práctica. Es una de las mejoras de coordinación en la lucha contra los incendios que hemos implantado”.
Sánchez, como es habitual en él, no dice la verdad. Porque nada de lo que dice sobre el mando único, atribuyéndose el mérito de haberlo implantado, se ajusta a la realidad, al tiempo que descalificaba la labor de las Comunidades Autónomas que, casualmente, tienen gobiernos del PP. Lo cierto es que, en 2022, Sánchez tenía la obligación de haber ordenado el mando único del Estado, de acuerdo con la legislación vigente desde 1985, en que se estableció el Sistema Nacional de Protección Civil y se creó el Consejo Nacional de Protección Civil para sostener “un modelo nacional mínimo” para hacer frente a las emergencias de interés nacional. Pero fue la Ley de 9 de julio de 2015, sobre Sistema Nacional de Protección Civil, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Ley de 2015 se basa en lo dispuesto en el artículo 148.1.7ª de la Constitución, que atribuye la competencia sobre los Montes y Aprovechamientos Forestales. Ahora bien, el Tribunal Constitucional había sentado jurisprudencia en cuya virtud el Estado podía ejercer el mando único en determinadas emergencias de interés nacional. La Ley de 2015 especifica en su artículo 28 que el Estado asumiría la competencia y mando único, a través del Ministerio del Interior, cuando los efectos de la emergencia superan claramente la capacidad de respuesta autonómica, afecta gravemente a varias Comunidades Autónomas o está en juego el interés nacional (infraestructuras críticas, seguridad nacional, etc.). En conclusión, Sánchez no promueve ninguna medida en tal sentido, sino que vulnera el ordenamiento jurídico que le obligaba a ejercer el mando único.
Dos años después se reproduce la misma situación que en 2022. Esta vez Sánchez, de vacaciones en el Palacio de La Mareta en la isla canaria de Lanzarote, tardó diez días en acercarse por segunda vez a la Sierra de la Culebra, devastada por las llamas con mayor fuerza que en 2022. Esta vez los vecinos no le recibieron de buen grado y se produjeron momentos de gran tensión. Sánchez volvió a su discurso de 2022 y anunció que el Estado ofrecía su colaboración a las Comunidades Autónomas, sin referirse a su obligación de asumir el mando único.
La respuesta del presidente Sánchez se ha producido este 1 de septiembre en una declaración en la que comenzó afirmando que desde el inicio de los incendios el Estado había llevado a cabo una movilización sin precedentes en la historia de nuestro país. Enfatizó que, en los últimos cinco años, el Estado había invertido 34.000 millones de euros en la lucha contra los incendios. Y añadió que el cambio climático había matado a más de 2.000 personas. De modo que había que centrarse en combatirlo. Y partiendo de la premisa de que el cambio climático mata, anunció un Pacto de Estado para que los 360 días se implementaran todas las medidas necesarias para hacerle frente en todos los ámbitos, con fondos económicos y medios humanos y técnicos. Lo que no dijo es por qué, ante semejante movilización, el Estado no había asumido el mando único, tal y como establecía la Ley de 2015. Y tampoco hizo ninguna referencia a los incendios provocados por pirómanos, tramas organizadas para la recalificación de las zonas arrasadas o por negligencias. Más aún, durante sus casi ocho años de gobierno nunca ha hecho referencia a esta modalidad delictiva que también mata a personas. La razón es que la responsabilidad de la prevención y represión de los pirómanos corresponde al Ministerio del Interior y, en último extremo, al propio presidente del Gobierno. Para Sánchez es más rentable políticamente hablar del cambio climático, de modo que la culpa es de las Comunidades gobernadas por el Partido Popular.
El Pacto de Estado es un trágala para los partidos de la oposición, al tener como eje fundamental la concepción ideológica sobre el cambio climático. De modo que se mantiene la polarización de la política española, que solo sirve para que Sánchez siga en el Gobierno con el apoyo de quienes no tienen otra obsesión que acabar con lo que llaman “el régimen de 1978”. El Pacto será un instrumento para aprobar medidas que, so pretexto de luchar contra el cambio climático, dicten normas del neocomunismo de Samar y de los socios separatistas que lo apoyan. Y si no, al tiempo.
