La transparencia de la Administración e instituciones públicas y parapúblicas resulta quimérica e ilusoria, pues cierta opacidad es práctica habitual, ya que, desgraciadamente, personas en cargos y asesorías, sin ninguna clase de ética o moral, burlando los procedimientos y garantías legales establecidas, propician la corrupción, la administración desleal, la malversación de fondos o el tráfico de influencias, aunque más tarde o temprano salgan a la luz.
Estas tramas suelen aflorar por denuncias o sospechas de ciudadanos o asociaciones y también por confesiones de alguno de sus miembros disconformes con la organización. Los fontaneros de las tramas u organizaciones criminales están especializados precisamente en hacer desaparecer pruebas con sus opacas y turbias intermediaciones, manipulando pliegos de condiciones, contratos de suministros, así como practicando el tráfico de influencias para adjudicaciones, nombramientos o facilitar la permanencia de algunos funcionarios en cargos decisorios.
Una gestión transparente que hace pública su información de forma clara y accesible previene la aparición de sospechas y favorece la acción de la justicia, pero con la opacidad y manipulación, a los jueces no les queda más opción que acudir a lo que se llaman pruebas indiciarias, que, según jurisprudencia del T. Supremo, debe fundamentarse sobre indicios plurales y probados (no sospechas), deducirse de ellos el presunto delito y la razonabilidad de dicha inferencia, asentada en una comprensión contrastada de la realidad y cuya concurrencia, conforme a criterios colectivos, proporcione a los jueces suficientes argumentos para dictar sus autos y sentencias.
El fallo del caso del Fiscal General con el borrado de móviles es un ejemplo que supongo se verá reflejado en la redacción de la sentencia argumentando los indicios que han motivado la sentencia condenatoria, así como los de los votos particulares.
La, ya no tan presunta, corrupción detectada en nuestro entorno y protagonizada por ciudadanos navarros, extendida al ámbito nacional e incluso a otro continente, con causa en una denuncia (partido regionalista) sospechando de la adjudicación de una importante infraestructura, ha posibilitado que la UCO cada día ofrezca más indicios sobre las irregularidades de dicha contratación y de la trama alrededor de la misma: conversaciones en “clave gastronómica”, testimonios de imputados/as, reuniones secretas, irregularidades del proceso, contratos de suministros, sociedades instrumentales que niegan alguno de sus socios, signos externos de nivel de familiares (compras, vacaciones, viviendas de lujo), vejatorias y soeces opiniones respecto a la mujer, reparto de dinero en metálico, etc., lo que afecta e implica de modo directo al Gobierno foral y, en concreto, a la responsabilidad de la presidenta.
Mientras la Administración foral no cumpla con el mandato constitucional (art. 103 C.E.) de “servir con objetividad los intereses generales actuando con sometimiento a la ley y al derecho, aplicando el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”, la transparencia es una quimera. El funcionario es una persona, y como humano está expuesto también a las tentaciones del corruptor, que sabe bien a quién puede captar, por lo que hay que pensar en personas íntegras, honestas e imparciales, cuyo objetivo es el bien común.
Uno de los enemigos de la transparencia es la legión de contrataciones y creación de sociedades chiringuitos para dar empleo público bien remunerado a asesores, secretarios, gerentes, familiares, hasta escorts seleccionadas de catálogos, y la coordinación de astutos y sagaces fontaneros con dobles vidas: de monje o de una ONG, como dicen sus convecinos en un caso muy cercano.
Esta práctica abusiva de enchufismo y nepotismo, con personas que usurpan puestos o cargos de funcionarios, son las que a menudo consienten y aprueban fraudulentos contratos y mordidas, siendo muestra palpable de la inoperancia e ineficacia de las leyes de transparencia, oficinas anticorrupción o buenas prácticas, códigos de buen gobierno e incluso algunas auditorías internas o ad hoc, o externas, salvo que tengan un fin concreto como pudiera ser una auditoría forense.
