Servinabar, la empresa presuntamente vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, ha emitido facturas por un importe total de 1.957.000 euros a la unión temporal de empresas (UTE) encargada de las obras de la ronda de Logroño. Acciona Construcción ha entregado toda esta documentación al juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto amaño de contratos públicos en el caso Koldo.
La constructora ha remitido al magistrado Ismael Moreno las facturas correspondientes a los servicios prestados por Servinabar en esta infraestructura. El importe asciende a casi dos millones de euros, IVA incluido, según la documentación incorporada a la investigación judicial.
El juez había solicitado expresamente a Acciona que entregara un dispositivo de almacenamiento con todas las facturas emitidas por la compañía presuntamente relacionada con Santos Cerdán a la UTE Variante de Logroño.
La documentación también incluye albaranes, partes de trabajo y controles horarios del personal de Servinabar. Estos registros recogen las horas realizadas por los trabajadores y otros datos relacionados con los servicios prestados, según la providencia judicial a la que ha tenido acceso EFE.
La relación entre Acciona y Servinabar en esta obra se remonta a diciembre de 2018, varios meses antes de que se adjudicara el contrato público. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detallado cómo se desarrollaron los contactos entre ambas empresas y las conversaciones que mantuvieron los principales investigados.
En concreto, el 19 de diciembre de 2018, Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento relacionado con la construcción de la ronda sur de Logroño, correspondiente a la autovía A-68 en el tramo riojano entre Arrúbal y Navarrete.
El documento se suscribió apenas cuatro días después de que se conociera la autorización del Ministerio de Transportes para licitar las obras. Ambas compañías expresaron su intención de trabajar conjuntamente para desarrollar la oportunidad de negocio que suponía esta infraestructura.
En aquel acuerdo, según la Guardia Civil, Acciona figuraba como contratista y Servinabar como consultora. También se recogía una propuesta de presupuesto de 2,02 millones de euros para servicios relacionados con la prevención de riesgos laborales.
La investigación ha puesto especial atención en las conversaciones mantenidas antes de la adjudicación. Entre el 4 y el 9 de abril de 2019 se produjeron contactos entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, así como entre este último y Santos Cerdán.
De esas comunicaciones, según la UCO, se desprendía la insistencia del ex secretario de Organización del PSOE para que la licitación de la obra de Logroño saliera adelante.
Uno de los episodios recogidos en el informe de la Guardia Civil tuvo lugar el 22 de abril de 2019, cuando se abrieron las proposiciones económicas de las empresas que aspiraban a ejecutar el proyecto.
Apenas unos minutos después, Koldo García recibió un mensaje del entonces director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Javier Herreros, que decía: "Bingo!!! en Logroño".
El exasesor de Ábalos trasladó posteriormente ese mensaje a Santos Cerdán, según las comunicaciones analizadas por los investigadores.
La adjudicación llegó finalmente el 11 de septiembre de 2019. La Dirección General de Carreteras concedió las obras a la UTE formada por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras, por un importe de 92,4 millones de euros.
Poco más de un mes después, el 22 de octubre de 2019, la UTE Variante Logroño, integrada por ambas compañías, formalizó un contrato de prestación de servicios con Servinabar.
El importe de aquel contrato ascendía a 2,02 millones de euros, una cantidad que representaba el 2,19 % del valor total de la adjudicación realizada por la Dirección General de Carreteras, tal y como destacó la UCO en su informe.
Ahora, Acciona ha aportado a la Audiencia Nacional las facturas de Servinabar por 1.957.000 euros, junto con los justificantes y registros laborales solicitados por el magistrado Ismael Moreno. Toda esta documentación ha quedado incorporada a la causa judicial que investiga el presunto amaño de contratos públicos en el caso Koldo.
