Emilio Jiménez reclama conocer por qué no se trasladó al joven ni a los tres menores marroquíes señalados y si se investigaron posibles errores en la actuación del centro.
Vox ha llevado al Parlamento de Navarra el caso del menor de origen indio y miembro de la comunidad sij que denunció sufrir insultos, discriminación y acoso por parte de tres menores marroquíes en un centro del sistema de protección de la Comunidad foral.
El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha registrado este miércoles una batería de once preguntas escritas dirigidas a la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, y otra petición con abundante documentación para esclarecer cómo actuaron tanto el centro como el Gobierno de Navarra después de que el chico pidiera ayuda.
La iniciativa se produce después de que Navarra.com haya dado a conocer este miércoles la resolución del Defensor del Pueblo sobre el caso. El menor había denunciado que era insultado diariamente por su origen, cultura y religión y había asegurado sentirse "completamente desprotegido". Incluso después de la primera intervención de la Administración, volvió a dirigirse al Defensor del Pueblo el 5 de agosto para comunicar que el acoso y la discriminación continuaban.
Precisamente este último extremo es uno de los asuntos sobre los que Vox exige ahora explicaciones. "Cuando un menor tutelado dice que está siendo acosado, que se siente desprotegido y que, después de pedir ayuda, el problema continúa, el Gobierno tiene que explicar qué hizo, por qué lo hizo y si esas medidas fueron realmente suficientes", ha señalado Jiménez. "No basta con decir que se intervino: hay que demostrar que el menor quedó protegido", ha añadido.
Entre otras cuestiones, el parlamentario quiere conocer cuándo tuvo conocimiento Derechos Sociales de las denuncias, qué actuaciones concretas se realizaron desde ese momento y si el departamento sabía que el menor aseguraba haber comunicado anteriormente lo sucedido tanto a los educadores como al director del centro.
Vox también pregunta qué comprobaciones se realizaron para determinar si los profesionales responsables habían actuado conforme a los protocolos y por qué, después de que el joven solicitara expresamente entrevistarse a solas con un inspector, trabajador social, policía o representante de la Fiscalía de Menores, se optó finalmente por otras medidas.
Una de las cuestiones centrales planteadas por la formación afecta a la decisión de mantener en el mismo recurso al menor denunciante y a los tres jóvenes señalados. Derechos Sociales había explicado que se adoptaron medidas como un cambio de habitación, espacios diferenciados durante las comidas y actividades y otras adaptaciones para reducir el contacto.
Jiménez pregunta ahora directamente por qué no se consideró necesario trasladar al denunciante a otro recurso o separar efectivamente a los tres menores señalados, especialmente después de que el propio chico hubiera manifestado que se sentía desprotegido.
La formación quiere saber también si se realizó una valoración del riesgo para la integridad física y emocional del menor y qué protocolo, procedimiento o herramienta se utilizó. Además, pregunta qué hizo Derechos Sociales después del segundo escrito presentado ante el Defensor del Pueblo el 5 de agosto, cuando el joven aseguró que las primeras medidas no habían conseguido acabar con la situación.
Otro punto que Vox quiere aclarar es si se ha abierto algún expediente informativo, procedimiento de supervisión o investigación interna para determinar si hubo errores, omisiones, retrasos o incumplimientos de los profesionales o responsables del centro. Si no se ha producido ninguna investigación de este tipo, pide al Gobierno que explique los motivos.
Las preguntas parlamentarias se han acompañado de una extensa petición de información. Vox reclama una copia anonimizada tanto de la primera queja presentada por el chico el 27 de julio como de su segunda comunicación del 5 de agosto, además de partes, correos, notas y otra documentación de sus expedientes de protección y convivencia relacionada con los hechos.
También pide una cronología completa de todas las actuaciones realizadas desde que se tuvo conocimiento del problema, identificando fechas, profesionales responsables, decisiones tomadas, medidas adoptadas y su posterior seguimiento. Quiere conocer además qué ocurrió con las comunicaciones que, según el denunciante, había realizado a los educadores y a la dirección antes de acudir al Defensor del Pueblo.
Vox reclama igualmente los informes elaborados por la dirección, coordinación, educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores interculturales. Entre la documentación solicitada figura también la eventual evaluación del riesgo físico y psicológico del joven y la clasificación que recibió lo sucedido: acoso, discriminación, violencia entre iguales, conflicto de convivencia u otra categoría.
La formación quiere además información anonimizada sobre los tres menores señalados: si fueron entrevistados, qué medidas educativas o disciplinarias se adoptaron, si se modificaron sus condiciones de convivencia y si los hechos fueron comunicados a otra autoridad. También reclama saber si se planteó trasladar a alguno de ellos y si el denunciante pudo ser escuchado a solas y en inglés, tal y como había solicitado.
Jiménez también pregunta expresamente si el caso fue comunicado a Policía Foral, Policía Nacional, Fiscalía de Menores, Ministerio Fiscal o servicios sanitarios. Si no se hizo, Vox quiere conocer quién tomó esa decisión y los motivos para no hacerlo pese a la petición del menor.
La petición parlamentaria va todavía más allá del caso concreto. Vox solicita el protocolo existente en los centros de protección de Navarra para afrontar casos de acoso, discriminación, amenazas o violencia, así como información sobre el centro afectado, su entidad gestora, ocupación durante julio, agosto y septiembre, número de profesionales y ratio de trabajadores por menor.
Asimismo, reclama al Gobierno las cifras de situaciones de acoso, discriminación, agresiones o conflictos graves registradas en los centros de protección de Navarra durante 2024, 2025 y 2026, desglosadas por centro, tipo de incidencia y medidas tomadas. También quiere conocer cuántos expedientes de supervisión se han abierto durante esos tres años.
"No queremos explicaciones genéricas ni declaraciones de intenciones. Queremos documentos, fechas, responsables y decisiones", ha afirmado Jiménez. El portavoz de Vox ha advertido de que, si la documentación acredita errores o una actuación insuficiente, su formación reclamará a Maeztu que asuma las "responsabilidades políticas que correspondan".
El Defensor del Pueblo de Navarra ya ha recomendado a Derechos Sociales que continúe adoptando las actuaciones necesarias para mejorar la convivencia en el centro y garantizar la protección efectiva del menor. La institución adoptó esta decisión después de constatar que, aunque inicialmente se habían tomado medidas, el joven volvió a comunicar posteriormente que continuaba sufriendo discriminación y acoso.
