El chico asegura que recibía insultos diarios por su origen y religión y que siguió sufriéndolos tras pedir ayuda.
“No aguanto más”. Así comienza el relato con el que un joven acogido por el sistema de protección de Navarra ha denunciado la situación que asegura haber vivido dentro de un centro de menas de la Comunidad foral.
El menor ha relatado que tres jóvenes marroquíes le vejaban reiteradamente por su procedencia, sus costumbres y su religión. La situación del menor, el único de la comunidad sij e indio en ese centro, llegó al Defensor del Pueblo de Navarra, que ha terminado reclamando al Departamento de Derechos Sociales que continúe tomando medidas para evitar nuevos episodios y garantizar de forma efectiva la protección del chico frente a las ofensas de los marroquís.
“Todos los días, varios chicos marroquíes del centro me acosan, me discriminan y me insultan”, escribió el menor en la queja registrada el pasado 27 de julio. Según explicó, le llamaban constantemente “oye hindi” y “oye Pakistán” y se burlaban de su identidad.
El joven explicó además que lleva el cabello largo por motivos religiosos y culturales propios de la comunidad sij, algo que no pasaba inadvertido para sus compañeros menas del centro. En su escrito trasladó el fuerte impacto que estaba teniendo sobre él la convivencia con quienes identificaba como sus "acosadores".
“He informado de esta situación tanto a los educadores como al director del centro, pero no me han ayudado ni han tomado medidas. Me siento completamente desprotegido, muy triste. No aguanto más esta situación”, denunció.
Hasta tal punto era la desesperación del menor que en su petición fue especialmente contundente: solicitó que "un inspector, un trabajador social, la Policía o la Fiscalía de Menores" acudieran urgentemente al centro y mantuvieran una conversación con él "a solas y en inglés" para poder contar lo ocurrido “sin miedo a represalias”.
También reclamó “medidas disciplinarias y legales estrictas contra los agresores” y garantías para preservar su integridad física y emocional.
Tras recibir la denuncia, la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia contactó ese mismo 27 de julio con la coordinación del centro. Dos días después, dos técnicos se desplazaron hasta las instalaciones y mantuvieron una entrevista individual con el chico.
Derechos Sociales ha reconocido que eran tres menas en concreto quienes le vejaban. El departamento sostuvo, no obstante, que el problema no podía extenderse al resto de residentes y aseguró que se había intervenido con esos tres menores para frenar los comentarios.
Los responsables del centro afirmaron además haber ofrecido distintas soluciones al denunciante. Entre ellas figuraban un cambio de habitación, espacios diferenciados durante las comidas y otras actividades para reducir el contacto con los menas que que le provocaban malestar, además de adaptar algunos espacios y el uso de dispositivos electrónicos para facilitarle el estudio. Eso sí, en ningún momento se le ofreció cambiar de centro a él ni, cambiar de centro a los tres menas que ld acosaban.
La Administración negó así que hubiera existido una completa inacción por parte de los profesionales. También señaló que habían intervenido mediadores interculturales y que, desde el ingreso del menor, existía un informe elaborado por el psicólogo del centro con indicaciones sobre sus particularidades culturales y religiosas.
El joven, sin embargo, volvió a dirigirse al Defensor del Pueblo el 5 de agosto. Agradeció la rápida visita de los técnicos, pero dejó una afirmación especialmente relevante: aseguró que su situación no había cambiado y que seguía sufriendo discriminación y acoso.
A su juicio, tanto la dirección del centro como las autoridades estaban tratando lo sucedido como un conflicto menor. Por ello reclamó que se establecieran “normas y consecuencias estrictas contra el racismo y el acoso dentro de cada centro de menores” y que cada caso fuera evaluado “con total neutralidad”.
Este segundo escrito ha resultado determinante para el pronunciamiento del Defensor del Pueblo. La institución reconoce que tanto los responsables del centro como Derechos Sociales actuaron después de conocer los hechos y que adoptaron diferentes medidas para frenar los comentarios discriminatorios.
Sin embargo, también deja constancia de que el propio menor denunció posteriormente que el problema persistía. Ante esta situación, el Defensor considera que la actuación no puede darse por terminada y reclama que se mantengan las medidas necesarias hasta que pueda garantizarse la convivencia y la seguridad del joven.
La resolución, fechada el 23 de septiembre, recomienda expresamente al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que continúe con “las actuaciones que sean precisas” para mejorar la convivencia en el centro y conseguir que situaciones como las descritas “no vuelvan a suceder”.
El organismo presidido por Patxi Vera reclama, además, que se garantice “en todo caso, la efectiva protección del menor”. Derechos Sociales dispone ahora de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y explicar, en su caso, qué medidas adopta para cumplirla.
Si el departamento no acepta la recomendación, el Defensor del Pueblo podrá incorporar el caso a su informe anual de 2026 ante el Parlamento de Navarra y mencionar expresamente a la Administración por no haber adoptado una actitud favorable ante una recomendación que la institución considera posible cumplir.
