En la comparecencia del ex presidente de la Generalitat ante la comisión de asuntos institucionales del Parlament, Mas volvió a negar que CDC se haya financiado jamás ilegalmente. Y, por el mismo precio, volvió a escuchar de la bancada no nacionalista que el reto al Estado de lo que queda de CDC (apenas el tres por ciento, dicho sea con el doble sentido que ustedes se imaginan) es su flotador personal.
Y alegatos como el de Inés Arrimadas (Ciudadanos) en esa línea: "Ustedes, señor Mas, han decidido apostar por la independencia para tapar la corrupción". El portavoz del PP, Alejandro Fernández, le acusó directamente de esconderse tras de la estelada con el mismo fin de tapar la corrupción.
Pero el ex molt honorable, erre que erre, hizo gala del mismo cinismo intelectual con el que su sucesor, Carles Puigdemont, dijo el otro día en Harvard que el Ejército español es el argumento del Estado para frenar la independencia de Cataluña. Hace falta valor para insinuar que el Gobierno podría recurrir al artículo 8 de la Constitución Española.
El mismo valor con el que Mas sostuvo en sede parlamentaria que la financiación ilegal de CDC responde en realidad a una oscura operación "pagada con fines políticos contra determinadas personas, entre las que yo estaba en primera línea". Según él, a esos objetivos se han sumado oportunamente los braceos de Millet y Montull, a los que acusó de mentirosos, por rebajar su horizonte penal por el llamado caso Palau.
Ni sus extravagantes compañeros de viaje le compraron a Mas sus argumentos. En representación de los anticapitalistas de la CUP, Benet Salillas le vino a decir que, si bien existe la guerra sucia del Estado contra el soberanismo, también existe o ha existido la corrupción en el partido de Artur Mas.
El caso es que, inhabilitado por desobediencia al Tribunal Constitucional -la sentencia no es firme-, el ex president de la Generalitat trata de superar como puede su comportamiento esquizoide respecto a la legalidad vigente. Ante el Parlament, volvió a ser un valedor del procès. Es decir, fuera de la ley. Pero no quiere ser inhabilitado. Así que ante los jueces sacrifica su fervor soberanista al respeto de la legalidad vigente (española, por supuesto).