Nos cuentan que el desarme total estará completado en la tarde del próximo 8 de abril. Los "intermediarios civiles" ya habrán trasladado entonces al Gobierno francés toda la información sobre el paradero de estos arsenales, en desuso desde que Eta anunciara el alto el fuego definitivo en octubre de 2011.
Ni al Gobierno ni a la sociedad española se le ha perdido nada en los actos de entrega de las armas en territorio francés. Quieren una entrega televisada a la que no se debería prestar tampoco el Gobierno galo. Ni creo que lo haga. Ni nos va ni nos viene, aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, haga esa bienintencionada apelación a la "altura de miras" que, según él, deberían mostrar París y Madrid. La apelación no viene a cuento. Lo que toca es acusar recibo de la decisión. Y celebrarla, pero sin dar a nada a cambio. Ni el Estado ni la sociedad están en deuda con ETA. Es justamente al revés, trágicamente el revés.
Mas que una entrega de armas, lo que se va a escenificar es una rendición de quienes quisieron doblarle el brazo al Estado. Por las malas, a tiro limpio, y por las buenas, en las mesas negociadoras. Fracasaron en lo uno y en lo otro porque las Fuerzas de Seguridad desactivaron a ETA como banda terrorista y en las mesas de negociación (lo intentó González, lo intentó Aznar y lo intentó Zapatero), donde los representantes del Gobierno, fuese del PSOE o fuese del PP, nunca pasaron por el aro del llamado "precio político".
También ha fracasado Eta en sus reiterados intentos de negociar con Moncloa esta entrega de armas que ahora se disponen a escenificar en Francia. Pues bien, que lo escenifiquen.
El Gobierno se limitó siempre, y aún ahora, a exigir el desarme unilateral y la disolución de la banda. Le cumple acusar recibo de lo primero y seguir exigiendo lo segundo a cambio de nada. Si acaso, un paso adelante en materia de acercamiento de presos a cárceles del País Vasco.
Pero no como premio a la autodisolución sino porque caducaría enseguida el uso de la política penitenciaria como una herramienta más de la política antiterrorista. Es lógico que si el terrorismo deja de existir también dejara de existir la política antiterrorista y, por tanto, los presos etarras tendrán el mismo derecho que el resto a beneficiarse del régimen general, que incluye, entre otras cosas, el mandato constitucional de la reinserción social de los presos y el acercamiento de los mismos a cárceles próximas al lugar de residencia.