La Fiscalía ha pedido abrir diligencias contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales por no acudir en dos ocasiones a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. El Ministerio Público aprecia un posible delito de desobediencia y ha solicitado que el presidente de Acciona sea citado como investigado.
La petición se refiere a las dos convocatorias en las que Entrecanales fue llamado a comparecer, los días 20 de enero y 9 de febrero, sin acudir a la sede de la Cámara navarra. En su lugar, la empresa envió a dos directivos, Joaquín Mollinedo y José Julio Figueroa, que sí dejaron constancia de su presencia en el registro del Parlamento de Navarra.
Según la información publicada este 25 de marzo de 2026, la Fiscalía sostiene que la ausencia del presidente de Acciona “carece de justificación”. El escrito recoge que el propio Parlamento de Navarra ya había advertido de forma expresa de que ni las alegaciones remitidas por la compañía ni la presencia de otros representantes podían sustituir su comparecencia personal.
La empresa había defendido ante la Cámara que el requerimiento dirigido a Entrecanales podía no ajustarse al marco normativo de las comisiones de investigación. También alegó que la citación afectaba a posibles derechos fundamentales y que no guardaba relación directa con el objeto material de la investigación.
Además, Acciona sostuvo que la convocatoria no debía dirigirse al presidente a título individual, sino a la sociedad. En ese mismo escrito, la compañía argumentó que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente su representación y que esa función corresponde al Consejo de Administración.
Frente a esa tesis, la Fiscalía entiende que ni el criterio de Entrecanales ni el de los servicios jurídicos de la empresa justifican desatender un requerimiento parlamentario. El Ministerio Público recuerda, además, que el presidente de Acciona había sido apercibido en ambas citaciones de las posibles consecuencias penales de no comparecer.
El caso vuelve a situar en el foco a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que indaga distintas adjudicaciones públicas. La decisión final sobre la apertura de diligencias quedará ahora en manos del juzgado de instrucción al que se ha dirigido la Fiscalía.
