La Fiscalía de Navarra solicita 6 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de estafa sobre vivienda habitual y de un delito de falsedad documental, presuntamente cometidos en el ejercicio de su actividad profesional inmobiliaria. El Ministerio Público pide, además, la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la venta de inmuebles y la administración de fincas. El juicio se celebra esta semana en Pamplona.
Según el escrito de acusación, el procesado actuó movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito y superó los 50.000 euros de fraude a través de varias operaciones. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía reclama doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros, así como el pago de las costas judiciales.
La acusación subraya también que concurre la agravante de reincidencia, ya que el acusado ya había sido condenado por sentencia firme dictada el 16 de junio de 2023 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, que le impuso un año de prisión por estafa y seis meses por falsedad documental.
Los hechos comenzaron en 2023, cuando el acusado pactó la venta de una vivienda en Lodosa perteneciente a tres propietarios. Después de encontrar compradores, el 6 de noviembre de 2023 recibió de ellos 21.000 euros en concepto de reserva mediante una transferencia a la cuenta corriente de la inmobiliaria que regentaba. Sin embargo, siempre según la Fiscalía, ocultó esta información a los dueños y elaboró un contrato de arras fechado el 7 de noviembre en el que figuraba falsamente que la cantidad entregada era de 14.000 euros. Para ello, simuló la firma de los compradores sin que هؤلاء hubieran participado en ese acto.
Cuando se firmó la escritura pública, el 2 de febrero de 2024, los vendedores comprobaron que las arras reales ascendían a 21.000 euros. Para mantener una apariencia de legalidad, el acusado entregó a cada propietario un documento de liquidación en el que prometía abonarles 7.000 euros a cada uno. Esa cantidad, sin embargo, nunca les fue entregada porque, según sostiene el Ministerio Fiscal, la intención del procesado era incorporar el dinero a su propio patrimonio.
La Fiscalía describe una operativa similar en otra operación vinculada a una vivienda y una bajera en Viana. En este caso, el 19 de septiembre de 2023 se firmó un contrato de prestación de servicios inmobiliarios para gestionar la venta de ambos inmuebles, propiedad de cuatro personas que actuaban representadas por una apoderada. Tras localizar a los compradores, el acusado firmó un contrato de arras por 12.360 euros, cantidad que los adquirentes transfirieron a la cuenta bancaria de la inmobiliaria con el compromiso de que se entregaría a los vendedores tras la firma de las escrituras.
El 9 de enero de 2024, día en que la operación se elevó a público, el encausado entregó a cada uno de los vendedores un documento de liquidación de deuda por valor de 3.090 euros. El Ministerio Fiscal señala que esos documentos fueron emitidos únicamente para dar una apariencia de legalidad a su actuación, ya que nunca llegó a ingresar ninguna cantidad a los legítimos propietarios.
El tercer caso recogido en la acusación afecta a una víctima que buscaba una vivienda para residir. El agente inmobiliario le ofreció un inmueble en Lodosa que en realidad no estaba a la venta. Según la Fiscalía, logró que el comprador firmara un contrato de reserva el 30 de junio de 2023 y le entregara 20.000 euros, repartidos en dos pagos de 13.000 y 7.000 euros.
Al no poder formalizarse esa compraventa, el acusado ofreció a la víctima otra vivienda situada en Sartaguda y le convenció para firmar un contrato de arrendamiento con opción a compra. Siempre según el escrito, le aseguró que él mismo se encargaría de transferir 18.680 euros al nuevo vendedor con cargo al dinero entregado inicialmente. Finalmente, no abonó ninguna cantidad al propietario de la segunda vivienda ni devolvió el dinero al comprador original, y se quedó de forma definitiva con los 20.000 euros.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública pide que el procesado indemnice a todas las víctimas. En concreto, solicita el pago de 7.000 euros para cada uno de los tres propietarios de la primera vivienda de Lodosa, así como 3.090 euros para cada uno de los cuatro dueños o sus legítimos herederos de los inmuebles de Viana. Además, reclama la restitución íntegra de 20.000 euros para la víctima de la falsa reserva y posterior arrendamiento, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre intereses.
