La juez María Luis Corbacho, que dirige el juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona autorizó a principios de esta semanala entrada y el registro en cinco domicilios de Pamplona, Berriozar y Ansoáin dentro de la investigación por la agresión sufrida por diez militares profesionales fuera de servicio el pasado 19 de julio de 2026 en Berriozar mientras disfrutaban de la final del Mundial entre España y Argentina. La resolución considera que existen indicios contra cinco personas por su supuesta participación material en el ataque, dos de ellas menores de edad.
Tras este auto se produjeron 8 detenciones, dos de ellas de menores de edad. Los cinco adultos pasarán este jueves por la tarde a disposición judicial tras más de 48 horas arrestados en los calabozos de la policía.
El auto judicial recoge el resultado de la investigación conjunta desarrollada por Guardia Civil y Policía Foral. La jueza considera que existen indicios de que la agresión fue una acción planificada y coordinada y basa esa conclusión, entre otros elementos, en imágenes, análisis de teléfonos y datos de posicionamiento.
Según expone la resolución, los atacantes irrumpieron simultáneamente en la terraza del establecimiento con los rostros y las cabezas cubiertos y portando barras metálicas y defensas extensibles. Se dirigieron únicamente contra la mesa en la que se encontraban los militares y ejecutaron el ataque en unos 10 o 15 segundos, antes de abandonar el lugar de forma organizada.
La investigación sitúa a ocho personas dentro de la presunta organización previa de los hechos. De acuerdo con el auto, tres habrían realizado labores de vigilancia y señalamiento, fotografiando a los militares y transmitiendo su ubicación, mientras que otras cinco habrían participado directamente en la agresión física junto con más personas.
La jueza recoge que, antes del ataque, varias personas que se encontraban en la terraza habrían fotografiado la mesa ocupada por los militares, manipulado sus teléfonos y realizado llamadas. El auto señala que estarían transmitiendo en tiempo real la ubicación del grupo posteriormente agredido.
Los diez militares estaban fuera de servicio. Cuatro llevaban camisetas de la Selección Española, otro vestía una camiseta con el anagrama de Núcleo Nacional y sobre la mesa habían colocado una bandera de España de grandes dimensiones. A partir de estos elementos, la resolución aprecia indicios de que el ataque pudo estar motivado por el "desprecio a lo español, a la ideología asociada a la nacionalidad o a las instituciones del Estado", en los términos utilizados por la jueza.
Como consecuencia de la agresión, al menos ocho de los diez militares sufrieron lesiones. El auto señala que algunas requirieron puntos de sutura y tratamiento médico y que también se produjeron fracturas óseas, costales y nasales.
La investigación ha identificado a cinco supuestos participantes materiales mediante el estudio conjunto de imágenes, prendas, calzado, características físicas, movimientos y datos telefónicos. La resolución atribuye a algunos de ellos el uso de defensas extensibles o barras de hierro, aunque se trata de una investigación todavía abierta y esas atribuciones no constituyen hechos probados.
El auto también recoge que los ocho investigados habían participado horas antes en una kalejira celebrada en Pamplona a las 19.00 horas convocada contra la "exaltación españolista" por la final del Mundial y difundida masivamente por medios de la izquierda abertzale. La jueza vincula esa coincidencia temporal con el posterior desplazamiento hacia Berriozar, aunque la eventual calificación penal de los hechos deberá determinarse durante el procedimiento.
Uno de los elementos que destaca la resolución es el análisis del tráfico telefónico. Según el auto, entre las 20.38 y las 21.06 horas se registró un intenso intercambio de comunicaciones que la investigación interpreta como contactos destinados a organizar la llegada de los participantes a las inmediaciones del establecimiento.
La jueza resalta especialmente una conversación telefónica de 61 segundos a las 20.56 horas entre un terminal atribuido al supuesto grupo de vigilancia y otro vinculado a uno de los investigados como participante en la agresión. La resolución considera este contacto un indicio del vínculo organizativo entre ambos grupos.
Los datos de posicionamiento sitúan además los terminales analizados en la zona de los hechos momentos antes de la agresión, fijada en el auto a las 22.20 horas. Posteriormente, según la investigación, se habrían producido desplazamientos en distintas direcciones desde Berriozar.
La jueza precisa que los hechos se encuentran todavía pendientes de una calificación jurídica definitiva, pero señala que podrían ser constitutivos de delitos de lesiones agravadas con uso de instrumento peligroso, daños, desórdenes públicos, atentado, pertenencia a grupo criminal y tenencia de arma prohibida, además de contemplar la discriminación por razón ideológica como posible móvil.
La resolución consideró necesaria la entrada en los domicilios para localizar, entre otros elementos, las posibles defensas extensibles y barras metálicas, las prendas utilizadas durante la agresión y material gráfico o documental relacionado con los hechos investigados.
También se ha autorizado la incautación y análisis de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La investigación busca comunicaciones, fotografías, datos de geolocalización y conversaciones en aplicaciones como WhatsApp o Telegram que puedan aclarar si existió planificación previa y reparto de funciones.
Los investigadores han visionado más de 450 horas de grabaciones de cámaras de las inmediaciones. Según el auto, este trabajo no ha permitido reconstruir completamente las rutas de aproximación y huida de los autores ni obtener imágenes de todos ellos con el rostro descubierto.
Por este motivo, la jueza ha considerado que el análisis de los dispositivos electrónicos constituye una diligencia necesaria para intentar determinar el esquema organizativo y avanzar en la identificación de otros participantes.
Los cinco registros fueron autorizados para realizarse de forma simultánea a partir de las 6.00 horas del 22 de septiembre de 2026. En el operativo podían participar agentes de Información de la Guardia Civil y de la Policía Foral, apoyados por distintas unidades de ambos cuerpos.
La resolución estableció además que los registros de los dos investigados menores de edad debían practicarse en presencia de alguno de sus progenitores o representantes y, en su defecto, conforme a las garantías previstas legalmente.
