• viernes, 29 de marzo de 2024
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La defensa de Otegi recurrirá al Supremo su inhabilitación hasta 2021

La Audiencia Nacional también mantiene que el portavoz de Batasuna permanezca encarcelado hasta el 28 de marzo de 2016.

Manifestación en San Sebastián para exigir la excarcelación de Arnaldo Otegi y Rafa Díez. EFE
Manifestación en San Sebastián para exigir la excarcelación de Arnaldo Otegi y Rafa Díez. EFE

La defensa del portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerle encarcelado hasta el 28 de marzo de 2016 y extender la prohibición de presentarse a unas elecciones o ocupar un cargo público hasta el 28 de febrero de 2021, han informado a Europa Press fuentes cercanas al líder de la formación ilegalizada.

El tribunal, que ha rechazado un recurso en el que su defensa pedía revocar esta decisión porque la sentencia que le condenó por su pertenencia a Bateragune no especificaba qué cargos no podía ejercer, ha dado cinco días de plazo para acudir al Supremo.

En una resolución hecha pública este lunes, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel insisten en la validez de la liquidación de pena aplicada a Otegi, que fue condenado en septiembre de 2011 por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel por intentar reconstruir Batasuna bajo la dirección de ETA. En mayo del año siguiente el Tribunal Supremo rebajó la pena a seis años y medio de prisión e inhabilitación especial.

SALIDA DE PRISIÓN

El tribunal sentenciador fijó inicialmente la fecha de licenciamiento del exportavoz de la izquierda abertzale para el 8 de abril de este año, aunque adelantó la salida de prisión al 28 de marzo al atender un recurso presentado por su defensa.

El auto de la Sección Cuarta rechaza que no pueda aplicarse a Otegi la inhabilitación especial impuesta en aplicación de la jurisprudencia del Supremo que --según defendía el líder de Batasuna-- "viene indicando que deben especificarse los empleos, cargos u honores sobre los que recae".

Los magistrados se basan en el principio de seguridad jurídica y protección de la cosa juzgada para mantener la liquidación de condena efectuada. Aseguran que la decisión no se encuentra en una fase inicial sino que "se han dictado resoluciones firmes y consentidas" por el propio Otegi "desde hace años".


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