Se estima que en la capital navarra hay unas 5.000 viviendas desocupadas.
El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes la modificación de la ordenanza número seis reguladora del impuesto sobre viviendas desocupadas, un cambio que ha recibido los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda -Ezkerra, Aranzadi y el PSN y el voto en contra de UPN.
El concejal de Ecología Urbana y Movilidad, Joxe Abaurrea, ha explicado que esta modificación, que se ha aprobado de forma “inicial”, se fundamenta “en el principio de función social de la propiedad privada” y “el derecho al acceso a la vivienda”.
Una medida que puede tener “un impacto importante en el mercado inmobiliario en la medida que busca provocar la salida de viviendas actualmente desocupadas y, por tanto, sin ningún uso social, que es el que le corresponde al mercado de vivienda en alquiler”, ha comentado el edil.
Así, ha señalado que ese impacto puede darse sobre el precio, que es el que “más interés tiene”. Además, también tiene efectos positivos en la medida que “ralentiza la puesta a disposición de suelo virgen, de suelo para edificación”, ya que tendría un beneficio desde un punto de vista de la sostenibilidad.
Tras precisar que en la actualidad se estiman en torno a 5.000 viviendas vacías en Pamplona, ha apuntado que, en los “propósitos” de esta tasa, se incluye que el primer año se implante la misma, fundamentalmente, en las personas jurídicas.
En cualquier caso, en la modificación de la citada ordenanza, se precisa que, “a efectos del impuesto, se considera vivienda deshabitada la que haya sido declarada como tal y figure de alta en el Registro de Viviendas Deshabitadas”.
Además, el impuesto se devengará por primera vez cuando se dicte la resolución correspondiente y se declare la vivienda como deshabitada.
El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha recordado que el impuesto viene regulado por la ley de vivienda y la ley foral de Haciendas locales de Navarra, por lo que “no tenemos demasiado margen para debatir sobre si es un impuesto correcto”. En este sentido, ha afirmado que “hay margen en debatir en qué impuesto se pone” y ha advertido que “va a ser más el impuesto que la propia contribución”.
La socialista Maite Esporrín ha indicado que la vivienda es “un derecho constitucional”, que se debe “poner a disposición del mercado más vivienda”, y que es necesario elaborar un censo municipal de vivienda.
Laura Berro, de Aranzadi, ha denunciado que “este nuevo equipo de gobierno no da prioridad suficiente a la política de vivienda” y ha considerado “esencial” que se realice el censo de vivienda vacía en Pamplona. A su vez, ha advertido de que el dato de las 5.000 viviendas vacías es de 2015 y que es probable que haya aumentado ese número.
El representante de Geroa Bai, Javier Leoz, ha rechazado que haya “desidia” del equipo de gobierno en este sentido y ha afirmado que el objetivo es que “no existan viviendas sin ningún tipo de ocupación y, si existen, tengan que pagar el impuesto correspondiente”.
Edurne Eguino, de Izquierda-Ezkerra, ha precisado que detrás de este impuesto “no hay un afán recaudatorio”, y ha sostenido que el impuesto “no es suficiente”. Además, ha defendido que es “importantísimo que se haga el censo de viviendas vacías”.
