El PPN ha llevado al Parlamento de Navarra una propuesta para que se salvaguarde el derecho de los padres a la libre elección.
El PPN asegura que "el objetivo" del cuatripartito que sostiene el Gobierno de Navarra es "reducir progresivamente la financiación de la educación concertada". Al respecto, los 'populares' han registrado una moción parlamentaria "con el propósito de salvaguardar el derecho de los padres a la libre elección sobre la educación de sus hijos".
En un comunicado, el parlamentario del PPN, Javier García, ha manifestado que "las últimas declaraciones de los partidos que sustentan el Gobierno de Navarra sobre la renovación de conciertos educativos ponen de manifiesto la falta de sensibilidad de dichos partidos y del propio Gobierno y su intención de imponer un criterio sectario y autoritario para terminar con la educación concertada y coartar la libertad de elección de los padres".
En este sentido ha afirmado que "el objetivo de los partidos que sustentan el Gobierno de Navarra es reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada". Una postura que, a su juicio, implica "la progresiva eliminación de la educación concertada en nuestra comunidad".
EL PP SOLICITA EN EL PARLAMENTO QUE NO SE COARTE LA LIBERTAD DE LOS PADRES
García ha indicado que "la educación concertada no es ni subsidiaria ni complementaria de la educación pública", y ha solicitado al Ejecutivo foral que "garantice el cumplimiento de los preceptos constitucionales" y vele por "no coartar la libertad de los padres".
A través de la moción registrado, el PPN propone "presupuestar de modo suficiente las partidas referentes a la Educación Pública Concertada de acuerdo con la normativa en vigor, así como potenciar un sistema público gratuito y de calidad sin sectarismos ni color político".
Para ello, proyecta incrementar en un 1% el salario de docentes y otros trabajadores de la enseñanza concertada en Navarra, "tal como se hizo con los de la pública", y afrontar el pago del 1% pendiente del curso académico 2016-2017.
Por último, plantea habilitar "tantas unidades escolares como sean necesarias en los centros sostenidos con fondos públicos donde la demanda de plazas supere a la oferta".
