Ramón Alzórriz ha reconocido en el Senado que pidió a Antxon Alonso si tenía “un hueco” para su pareja en Servinabar, aunque ha negado que Santos Cerdán interviniera en esa contratación y ha asegurado que desconocía cualquier vínculo del exsecretario de Organización del PSOE con la empresa.
El exsecretario de Organización del PSN ha comparecido en la comisión de investigación del Senado, donde ha sido interrogado por María Caballero, senadora de UPN, y Ángel Gordillo, senador de Vox. Ambos han centrado buena parte de sus preguntas en la relación de Alzórriz con Servinabar, con Antxon Alonso y con Santos Cerdán, así como en las circunstancias que llevaron a su dimisión de cargos internos del PSN.
La parte más relevante de la comparecencia ha llegado cuando Gordillo le ha preguntado directamente por la contratación de su pareja en Servinabar. Alzórriz ha admitido que fue él quien se dirigió a Antxon Alonso.
“Cerdán no tuvo nada que ver en la contratación de mi pareja. Yo me dirigí a Antxon Alonso y él fue el que le hizo la entrevista”, ha afirmado. Según su versión, preguntó a Alonso si tenía “un hueco” para su pareja, se produjo una entrevista y después se le ofreció un contrato de seis meses de prueba, previa realización de un curso de prevención de riesgos laborales.
Alzórriz ha insistido en que su pareja no ocupaba ningún cargo de responsabilidad en la empresa. “No trabajaba como gerente de Servinabar ni como jefa. Era una trabajadora por cuenta ajena, con un contrato y atribuciones muy concretas”, ha defendido.
El exdirigente socialista ha tratado de separar esa gestión personal de cualquier intervención de Santos Cerdán. A preguntas de los senadores, ha asegurado que no sabía si Cerdán era socio de Servinabar y que no conocía su posible vinculación con la empresa.
“No he leído los informes. Yo no sé nada de la vinculación de Santos Cerdán con Servinabar”, ha dicho Alzórriz, que ha añadido que el propio Cerdán niega la validez del contrato que se investiga.
Esa explicación ha sido cuestionada tanto por UPN como por Vox. Caballero y Gordillo han subrayado la cercanía política y personal de Alzórriz con Cerdán y han puesto en duda que desconociera una relación que, según han planteado durante el interrogatorio, afectaba a una empresa en la que trabajó su pareja.
Gordillo le ha reprochado que, pese a su amistad con Cerdán, sostenga que desconocía el vínculo de este con Servinabar y con Antxon Alonso. “La UCO desmiente eso”, le ha dicho el senador de Vox. Alzórriz ha respondido que él no conocía esa relación y que tanto Cerdán como Alonso habían negado esa vinculación.
Otro de los puntos centrales de la comparecencia ha sido la dimisión de Alzórriz de sus cargos internos en el PSN. El senador socialista ha explicado que María Chivite le retiró la confianza personal porque no le había comunicado antes que su pareja había trabajado en Servinabar.
“Me llamó Chivite y me lo preguntó. Le dije que sí. Me llamó a una reunión y, a partir de ahí, se sucedió la pérdida de confianza”, ha señalado.
Alzórriz ha insistido en que no ocultó dónde trabajaba su pareja, aunque ha admitido que no supo gestionar la situación. “Nunca he ocultado dónde trabajaba mi pareja, pero no vas pregonándolo a los cuatro vientos”, ha afirmado.
Según su versión, la presidenta navarra mantuvo la confianza política en él, pero no la personal. Por eso, ha defendido, dimitió solo de los cargos que dependían de esa confianza personal.
La oposición, sin embargo, ha cuestionado esa explicación. Gordillo le ha preguntado si dimitió porque había hecho algo incorrecto al interceder para que su pareja fuera contratada en Servinabar. Alzórriz ha reiterado que la dimisión se produjo únicamente porque no había informado previamente a Chivite del empleo de su pareja en la empresa.
María Caballero ha centrado parte de su interrogatorio en lo que ha descrito como una acumulación de coincidencias alrededor de Alzórriz, Servinabar, el PSN y distintas empresas vinculadas a obras públicas o reformas.
La senadora de UPN le ha preguntado por su relación con Adentro Construimos, empresa que, según ha expuesto, hizo la reforma de la sede del PSN y también la de la vivienda de Alzórriz. Además, ha señalado que el Gobierno de Navarra adjudicó 1,7 millones de euros a esa empresa mediante contratos menores.
Alzórriz ha defendido que se trata de una coincidencia. “Pamplona es pequeña y no es difícil encontrarse con gente”, ha respondido. También ha recordado que esa empresa, con otro nombre, ya había recibido contratos durante gobiernos de UPN.
Caballero ha insistido en que la reforma de la vivienda de Alzórriz plantea dudas por la diferencia entre el coste inicial declarado y las facturas finales. Según la senadora, no cuadran las licencias de 40.000 y 38.000 euros con los 179.000 euros facturados por el contratista.
Alzórriz ha respondido que tiene toda la documentación en regla y que la querella relacionada con las obras de su vivienda fue inadmitida por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al no apreciar indicios de delito.
“He tenido un escarnio público y personal que no se lo deseo a nadie”, ha afirmado. El senador socialista ha lamentado que se hayan conocido datos sobre su hipoteca, el coste de las obras, su préstamo y el lugar en el que vive.
Vox también ha incidido en la contratación de Martín Vidaurre, hijo del constructor que reformó la vivienda de Alzórriz, como asistente parlamentario del PSN.
Gordillo ha señalado que Alzórriz era portavoz parlamentario del PSN cuando se contrató a Vidaurre “justo cuando se contratan las obras de su casa”. El senador socialista ha defendido que el contrato lo firma el Parlamento y que fue su grupo quien propuso la incorporación porque necesitaba una persona en comunicación.
“Trabaja muy bien”, ha afirmado Alzórriz.
Gordillo ha replicado que no estaba diciendo que esa contratación fuera ilegal, pero sí que intentaba establecer un vínculo entre el fichaje del hijo del constructor y las obras de la vivienda. A su juicio, la situación “huele a enchufe descarado, a pago de favores u otras cosas”, aunque ha admitido que otra cuestión es que pueda demostrarse ante un tribunal.
Alzórriz ha respondido preguntando si esa contratación era una ilegalidad y ha defendido al constructor, del que ha dicho que se le está haciendo un daño reputacional “irreparable”.
Durante toda la comparecencia, Alzórriz ha mantenido una misma línea de defensa: ha admitido que habló con Antxon Alonso para preguntar por una oportunidad laboral para su pareja, pero ha negado que Cerdán interviniera, ha rechazado cualquier irregularidad penal y ha pedido pruebas a los senadores que han sugerido relaciones sospechosas.
Cuando Caballero ha afirmado que resultaba sospechoso que todo girara en torno a una empresa con buenas relaciones con el Gobierno de Navarra, el PSN y el propio Alzórriz, el senador ha respondido: “¿Tiene alguna prueba?”.
También ha defendido que nunca fue miembro del Gobierno de Navarra y que las adjudicaciones las realizan las mesas de contratación. “Soy parlamentario y he sido secretario de Organización del PSN, pero nunca he sido miembro del Gobierno de Navarra”, ha señalado.
Alzórriz ha cerrado sus respuestas insistiendo en que los organismos que han estudiado adjudicaciones en Navarra deben acudir a la Fiscalía si encuentran algún indicio.
La comparecencia no ha dejado una admisión de delito, pero sí una explicación políticamente delicada para Alzórriz y para el PSN. El exdirigente socialista ha reconocido que utilizó su relación con Antxon Alonso para preguntar por un puesto para su pareja en Servinabar, una empresa situada en el centro de las preguntas de la oposición.
Al mismo tiempo, ha sostenido que desconocía cualquier vínculo de Santos Cerdán con Servinabar, pese a su cercanía política y personal con el exnúmero tres del PSOE.
Esa combinación ha sido el principal flanco de la sesión: Alzórriz admite la gestión que más le compromete políticamente, pero niega conocer el contexto que, según UPN y Vox, convierte esa gestión en sospechosa.
Para la oposición, la comparecencia ha reforzado la idea de una red de relaciones personales, políticas y empresariales en el entorno socialista navarro. Para Alzórriz, en cambio, no hay más que una dimisión por pérdida de confianza personal, una contratación laboral sin intervención de Cerdán y unas acusaciones sin pruebas.
