El Gobierno de María Chivite dio en el Parlamento una versión incompleta y engañosa sobre el caso Sendaviva después de que la Intervención General hubiera detectado indicios claros de fraccionamiento indebido en las obras adjudicadas a Adentro Construimos, una empresa vinculada al entorno del PSN.
La consejera Rebeca Esnaola anunció que el Ejecutivo foral había alcanzado un acuerdo para reclamar a Parquenasa la devolución de los modificados de las obras. Sin embargo, el informe de Intervención revela que el problema era mucho más grave: no se trataba solo de unos sobrecostes, sino de contratos presuntamente troceados que obligan a reclamar 652.222,66 euros más intereses.
El documento, fechado el 23 de abril de 2026, desmonta la versión trasladada por el Gobierno de Chivite. Intervención no avaló limitar el reintegro a los modificados, sino que formuló un reparo porque esa propuesta dejaba fuera la totalidad de las inversiones afectadas por el fraccionamiento indebido. Según el órgano fiscalizador, esa devolución parcial suponía un perjuicio económico para la Hacienda Pública de Navarra.
La diferencia es clave. Los modificados de las tres fases subvencionadas en 2023 sumaban alrededor de 56.719 euros. Pero Intervención exigió elevar el reintegro hasta 652.222,66 euros, porque entendió que el incumplimiento no estaba en el exceso final de las obras, sino en la forma en la que se habían adjudicado desde el principio.
El informe aprecia “indicios claros y suficientes” para concluir que hubo fraccionamiento indebido en los contratos de Sendaviva. Las cuatro obras tenían un objeto similar, se adjudicaron a la misma constructora, se licitaron en el mismo periodo y respondían a una misma necesidad: la restauración del parque tras los incendios sufridos el verano anterior.
Además, todas las actuaciones se situaron en importes muy próximos al límite de los 200.000 euros, la barrera que permitía tramitar contratos por procedimiento simplificado. Intervención subraya que, si se hubiera tenido en cuenta el valor conjunto de las obras, habría sido necesario un procedimiento abierto, con más publicidad y concurrencia.
El dato estadístico incluido en el informe refuerza la sospecha. De 1.029 procedimientos simplificados revisados desde la entrada en vigor de la Ley Foral de Contratos Públicos, solo 11 fueron adjudicados por encima de 195.000 euros. Cuatro de ellos fueron precisamente los contratos de Parquenasa para Sendaviva. Para Intervención, esa coincidencia en un mismo entorno y con un mismo adjudicatario es un indicio añadido.
La empresa beneficiada por los contratos fue Adentro Construimos, propiedad de Carlos Vidaurre. No es una constructora ajena al entorno socialista navarro. Es la misma empresa que reformó la sede del PSN en Pamplona y también la vivienda de Ramón Alzórriz, exsecretario de Organización de los socialistas navarros y antiguo hombre fuerte de Chivite.
El contexto político agrava la situación. Alzórriz dimitió después de conocerse que su pareja había trabajado para Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán e implicada en presuntos casos de corrupción. A ese vínculo se suma otro dato relevante: el hijo del propietario de Adentro Construimos trabaja como asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Navarra.
El informe de Intervención no afirma que exista corrupción probada. Pero sí recoge indicios administrativos graves y pide valorar la posible infracción por la “eventual intención fraudulenta” del beneficiario de la subvención. También señala que algunos procedimientos no se llevaron a cabo de forma “ortodoxa”.
La actuación del Gobierno queda ahora bajo sospecha política. Esnaola presentó el asunto como un acuerdo técnico para devolver los modificados, pero el informe muestra que Intervención había rechazado esa lectura. El órgano fiscalizador no se conformó con reclamar los sobrecostes y obligó a rectificar el expediente para exigir la devolución completa de las inversiones afectadas.
La versión ofrecida por el Ejecutivo en el Parlamento ocultó así el verdadero alcance del problema. No explicó que Intervención veía fraccionamiento indebido, no aclaró que el reintegro debía multiplicarse por más de diez respecto a los modificados de las fases de 2023 y no trasladó que el órgano fiscalizador había formulado un reparo por el riesgo para el dinero público.
El caso ya está incorporado a las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona. En la documentación judicial aparecen como denunciados, entre otros, Carlos Vidaurre, Rubén González y Ramón Alzórriz.
El Gobierno de Chivite debe explicar ahora por qué defendió en sede parlamentaria una versión limitada a los modificados cuando su propia Intervención había detectado indicios de un problema mucho más profundo. La cuestión ya no es solo cuánto dinero debe reclamar Navarra, sino por qué se permitió contratar de esa forma con una empresa tan próxima al entorno del PSN.
