Instituciones Penitenciarias ha acordado este viernes el traslado a cárceles más cercanas al País Vasco de cinco presos de ETA, entre ellos, el de Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado por el asesinato en 1995 del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez.
Además de Carasatorre, Prisiones ha ordenado el traslado de Sergio Polo Escobes, Ibai Beobide Arza, Martín Sarasola Yarzabal y Gorka Vidal Álvaro, ha informado Instituciones Penitenciarias.
Carasatorre, condenado también por el asesinato del inspector jefe de la Policía Enrique Nieto Viyella en 1995 en San Sebastián y del brigada del Ejército destinado en el cuartel donostiarra de Lozoya Mariano de Juan Santamaría el mismo año, será trasladado del centro penitenciario Castellón II a la cárcel de El Dueso, en Cantabria.
El etarra ingresó en prisión el 28 de noviembre de 2013 y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en marzo de 2029.
Tras rechazar el uso de la violencia y expresar su deseo de resarcir el dolor causado a sus víctimas, Prisiones ha resuelto su progresión a segundo grado.
Por su parte, Sergio Polo, que pasará de la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) a la alavesa de Zaballa, fue condenado por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en 1995 en León.
También cumple condena por su participación en el atentado cometido en 1993 en San Sebastián que acabó con la vida del guardia civil Emilio Castillo López de la Franca.
Polo se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el tiempo máximo de cumplimiento de su pena y Prisiones ha dispuesto su progresión a segundo grado "por razones amparadas en la ley de protección de datos" que no especifica.
Martín Sarasola Yarzabal, condenado en 2010 a 1.040 años de prisión como responsable del atentado cometido en la T4 del aeropuerto madrileño de Barajas que acabó con la vida de Diego Armando Estacio Sivisapa y Carlos Alonso Palate Sailema, pasará del centro penitenciario de Jaén al de Dueñas (Palencia).
Prisiones ha ordenado el traslado desde la cárcel de Puerto III (Cádiz) a la de Burgos de Ibai Beobide Arza, condenado a 29 años por el atentado contra la sede central de la EITB en Bilbao el 31 de diciembre de 2008 que causó importantes daños materiales pero ninguna víctima, entre otras acciones.
Por último, será también trasladado Gorka Vidal Álvaro, que fue detenido en 2004 junto con Izkur Badillo cuando transportaban en una furgoneta 536 kilos de explosivos con los que planeaban cometer un atentado en Madrid de forma inminente. Vidal pasará del centro penitenciario de Logroño a la cárcel de Zaballa (Álava).
Como cada viernes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado los traslados que, a su juicio, son fruto de "decisiones políticas tan discutibles como la derogación de la política de dispersión que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez".
EL 15% DE ETARRAS ESTÁN EN NAVARRA O EL PAÍS VASCO
Según los datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el 15% de los etarras ya se encuentran en centros penitenciarios de la Comunidad Foral o de la CAPV, mientras que otro 42% se encuentra a menos de 200 kilómetros de sus casas.
Con los de hoy, son 158 traslados desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, que se corresponden a 139 etarras - 57 con delitos de sangre-.
La AVT se ha quejado una vez más de que desde el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se sigue dar "ninguna explicación y sin hacerse cargo del dolor que estos movimientos provocan en las víctimas del terrorismo, aun presumiendo de contar con una Dirección General de Víctimas del Terrorismo".
Entienden que con estos acercamientos "queda en evidencia que el destino final de los presos es el País Vasco, con una primera parada en cárceles cercanas para finalmente acabar en prisiones de esta región".
"Mientras seguimos acumulando una semana más de humillaciones y desprecios, la AVT cumplirá la próxima semana 40 años", recuerda la AVT, que defiende su "lucha incansable por las víctimas del terrorismo, defendiendo su Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia y sirviendo de dique de contención en decisiones políticas tan discutibles como esta derogación de la política de dispersión que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez".
