La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto el traslado de dos presos de ETA condenados por delitos terroristas al centro penitenciario de Pamplona y siete a cárceles del País Vasco.
Entre ellos se encuentran Joanes Larretxea, condenado por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría; Unai Bilbao, por el del concejal socialista de Orio (Gipuzkoa) Juan Priede; Alaitz Aramendi, por un atentado en Madrid con 45 heridos; José Antonio Borde, por el asesinato de dos guardias civiles en Lemona (Vizcaya), e Igor Portu, por el atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid.
En un comunicado, la Asociación Víctimas del Terrorismo lamenta que "Interior intensifica los traslados de presos etarras antes de la transferencia de Prisiones al País Vasco de este viernes" y añade que "el Gobierno vasco ya ha anunciado que favorecerá el régimen abierto de los presos".
Según informa Instituciones Penitenciarias, Igor Portu Juanena, que es trasladado desde el centro penitenciario de Daroca (Zaragoza) al de Pamplona, ingresó en prisión el 11 de enero de 2008 y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en 2037.
Fue condenado a 1.040 años de prisión por el atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, que causó dos muertos y 41 heridos.
Jesús María Gómez Ezquerro, que es trasladado desde el centro penitenciario de Asturias al de Pamplona, ingresó en prisión en 2001 y cumplió las tres cuartas partes de la condena en abril de 2019. Fue condenado a cinco años de cárcel por prestar su vehículo para acciones terroristas y ocultar a etarras.
CÁRCELES DEL PAÍS VASCO
Joanes Larretxea Mendiola, que es trasladado desde el centro penitenciario de Asturias al de San Sebastián, ingresó en prisión en 2014 y cumplirá las tres cuartas partes de la pena en mayo de 2044.
Fue condenado a 44 años de prisión por el asesinato en 2008 del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa), en una campaña contra la construcción del tren de alta velocidad en el País Vasco.
Unai Bilbao Solaetxe, que es trasladado desde el centro penitenciario de Daroca (Zaragoza) al de Álava, ingresó en prisión en 2002 y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2024.
Fue condenado a 45 años de cárcel por el asesinato a tiros del concejal socialista de Orio (Guipúzcoa) Juan Priede en 2002.
Alaitz Aramendi Juanarena, que es trasladada desde el centro penitenciario de Ávila al de Álava, ingresó en prisión en 2021 y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en 2049.
Fue condenada a 535 años de prisión por un atentado con furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas en 2005 que causó 45 heridos, catorce de ellos policías.
José Antonio Borde Gaztelumendi, que es trasladado del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) al de Bilbao, ingresó en prisión en 2002 y cumplió las tres cuartas partes de la condena en 2019.
Fue condenado por su participación en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en Lemona (Vizcaya) en 1981 en el que murieron dos agentes.
Ibai Beobide Arza, que es trasladado desde el centro penitenciario de Burgos al de Bilbao, ingresó en prisión en 2010 y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en 2028.
Entre otras condenas se le impusieron 57 años de prisión por el atentado contra la sede del PSE en el barrio bilbaíno de La Peña en 2008 en el que resultaron heridos seis ertzainas.
Jon Crespo Ortega, que es trasladado desde el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) al de Bilbao, ingresó en prisión en 2002 y cumplió las tres cuartas partes de la condena el pasado mes de agosto.
Fue condenado a cinco años de prisión por haber enviado en 2000 una carta amenazadora a un concejal del PP en Galdakao (Vizcaya) y a otro cuatro años por incendiar el vehículo de un ertzaina en esta misma localidad en 2001, entre otras condenas.
Andoni Goicoetxea Gabirondo, que es trasladado desde el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) al de San Sebastián, ingresó en prisión en 2019 y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en 2024.
Fue condenado a siete años de prisión por almacenar y ocultar artefactos explosivos y el material para fabricarlos en varios caseríos y zulos del País Vasco y Navarra.
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