La planta de fangos y biogás de Nilsa en Tudela ha vuelto a centrar el choque institucional después de que el alcalde, Alejandro Toquero, haya anunciado que el Ayuntamiento ha presentado “esta misma mañana” un requerimiento al Gobierno de Navarra para que derogue, revoque o archive la autorización del proyecto.
Toquero ha explicado en rueda de prensa que este paso es previo a acudir a la vía judicial y ha advertido de que, si no se anula la resolución en el plazo legal, el Consistorio interpondrá un recurso contencioso-administrativo para tratar de frenar la instalación.
El alcalde ha cargado contra el Ejecutivo foral y la empresa pública Nilsa por lo que ha considerado un procedimiento “exprés” y “opaco”. Según ha afirmado, la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, concedió el 5 de noviembre la Autorización Ambiental Integrada y la autorización de actividad en suelo no urbanizable mediante una tramitación “inédita” en este tipo de expedientes.
En su intervención, Toquero ha ligado esa autorización a la moratoria aprobada en el Parlamento de Navarra el 30 de octubre para este tipo de instalaciones. A su juicio, Bretaña “pisó el acelerador” para completar los trámites en “apenas 72 horas” y dejar el proyecto fuera de esa moratoria antes de que la ley se publicara en el Boletín Oficial de Navarra, algo que, según ha recordado, ocurrió el 13 de noviembre.
Toquero ha insistido en que “el tiempo ha demostrado” que el Ayuntamiento “no mentía” y ha sostenido que Bretaña había asegurado en su día que Tudela entraba dentro de la moratoria. También ha reprochado que la directora general haya negado después esa versión, y ha afirmado que “ha estado callada durante un mes” antes de dar explicaciones.
El alcalde ha ido más allá y ha acusado a Bretaña, a su consejero José María Aierdi y al propio Gobierno foral de actuar para que el proyecto de la planta de lodos y fangos saliera adelante. En concreto, ha señalado que el objetivo sería “traer a Tudela cerca de la mitad de los lodos fecales” generados en Navarra para poner en marcha la fábrica de biogás.
En ese contexto, Toquero ha situado el principal argumento jurídico del requerimiento en la falta de un marco de cooperación válido con el Ayuntamiento de Tudela o con la Junta Municipal de Aguas. Ha afirmado que “no existe ningún acuerdo o convenio” que permita encajar el proyecto en el régimen de cooperación entre administraciones, y ha acusado a Nilsa y al Gobierno foral de “retorcer e interpretar a su antojo” ese régimen.
También ha cuestionado que el proyecto se apoye en el Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano (2019-2024). Según ha defendido, ni la construcción de una planta centralizada de fangos para el sur de Navarra ni la ampliación de la EDAR para gestionar lodos constaban en ese plan cuando se redactó.
El alcalde ha sostenido que la normativa es “clara” y ha recalcado que “no se pueden desarrollar instalaciones” que no estén previstas “expresamente” en los instrumentos de planificación y que no cuenten con la debida autorización del “titular”, que en este caso ha identificado con el Ayuntamiento de Tudela.
En su discurso, Toquero ha acusado al Gobierno de Navarra y a Nilsa de avanzar “por hechos consumados” y de tratar de imponer un “paseo militar” sobre las competencias municipales. Ha asegurado que se ha omitido información y que se ha actuado con “oscurantismo”, “deslealtad institucional” y “mentiras”.
Además, ha dicho que Bretaña le ha acusado de “no decir la verdad” cuando sostuvo que ella misma confirmó que Tudela entraba en la moratoria. Toquero ha replicado que la directora general ha intentado justificarse alegando que no conocía la resolución final aprobada en el Parlamento cuando habló con él y con parte de su equipo.
El alcalde ha afirmado que esa explicación sería, a su juicio, motivo para “exigir responsabilidades políticas”. Ha añadido que las pedirá “cuando llegue el momento” y ha apuntado también a “quienes desde otros despachos” habrían preparado, según ha dicho, una “coartada insostenible”.
Pese al tono de sus críticas, Toquero ha defendido que el Ayuntamiento no busca “la confrontación”, pero tampoco aceptará “la sumisión” ante una iniciativa que ha descrito como un “trágala”. Ha asegurado que la intención municipal es “zanjar este asunto” y “no ir a más”, aunque ha reiterado que no permitirá que “nadie se ría, desprecie y falte al respeto” a Tudela y a sus vecinos.
En el requerimiento, ha explicado, el Consistorio pide que el Gobierno de Navarra anule o archive una Autorización Ambiental Integrada que, según ha remarcado, “nunca debió ser concedida”. También ha advertido de la necesidad de suscribir, “en su caso”, un nuevo acuerdo o convenio de cooperación antes de continuar con la tramitación de cualquier expediente de ampliación o ejecución ligado a la instalación.
Con ese escenario, el alcalde ha dejado claro que el siguiente paso está decidido si no hay marcha atrás: si la derogación no se produce dentro del plazo legal, el Ayuntamiento acudirá a los tribunales con un contencioso-administrativo para intentar frenar la planta de fangos y biogás de Nilsa en Tudela.
