El grupo de Aranzadi solicita que los 'okupas' puedan incumplir la ley siempre que quieran y que no se les pueda desalojar de ningún edificio.
El Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a vivir otro esperpento de la mano del grupo municipal de Aranzadi-Podemos, en este caso en su desaforada defensa del movimiento okupa, vinculado en Navarra a la izquierda abertzale.
Los concejales de Podemos han llevado al pleno una declaración en la que solicitan que el Ayuntamiento se haga cargo de las costas judiciales derivadas del juicio que tres acusados pueden tener que asumir tras la vista que se celebra la semana que viene por acceder sin permiso a una nave en la Rochapea.
Los propietarios del inmueble se rigen a través de una junta de compensación, donde el consistorio participa con un 34%, La Caixa tiene mayoría con un 50,9% y Talleres San Pedro el 15%. La junta ha solicitado el desalojo y sigue adelante con la acción judicial.
Aranzadi-Podemos ha propuesto que el consistorio deje de trabajar con la entidad bancaria como venganza por hacer uso de su derecho a defender una propiedad privada y, además, ha pedido no sólo que se les paguen las costas a los okupas, sino que ha solicitado que el consistorio se salte la ley y una posible sentencia y que no se ejecute si se decide el desalojo.
Uno de los jóvenes ha intervenido en el pleno explicando las bondades de la okupación para el barrio, pero ha omitido su directa relación con la izquierda abertzale y su compadreo constante con Sortu, la organización Ernai y los presos de ETA.
"Queremos un acuerdo", ha dicho haciéndose la víctima Iñaki Urtasun García, uno de los okupas que ha ido al consistorio para pedir que les dejen seguir utilizando una propiedad que no les pertenece. En lugar de pagarse una bajera como cualquier cuadrilla de Pamplona, exigen que se les permita utilizar el inmueble que ellos quieran.
Alberto Labarga, el concejal de Podemos-Aranzadi, ha sido el principal defensor de los okupas en sus peticiones alocadas, tanto que hasta Bildu ha tenido que abstenerse en algunas de ellas por ser absurdas e ilegales. Labarga ha calificado de "emponderamiento vecinal" y de "actividad social y cultural" que un grupo de radicales tomen por la fuerza un edifico privado para su interés particular.
Podemos-Aranzadi ha recibido en sus propuestas contra la ley de la edil de I-E Edurne Eguino, la misma que se reunía consigo misma para cobrar dietas municipales.
"LAS IDEAS MÁS KINKIS"
El concejal del PSN Eduardo Vall ha calificado la propuesta de "atentado a la razón y a la ley" y le ha dicho a los concejales de Aranzadi si los ciudadanos de Pamplona se podrán saltar también las normas que ellos deciden en la ciudad, como la norma de circular a 30 km/h que propone Armando Cuenca.
"Les pueden dar su sueldo burgués a los okupas, que además tienen un amor a la patria vasca y a sus gudaris", ha dicho Vall sobre la cercanía de los okupas con los terroristas de ETA y sus organizaciones afines.
Por parte de UPN, el concejal Fermín Alonso ha explicado que le costaba calificar la declaración presentada por Podemos. "Parece que juegan a ver quién tiene la idea más kinki, la mayor polémica o el mayor absurdo", ha dicho el concejal regionalista.
"Quieren que paguemos las costas cuando alguien comete un delito, es todo lo que aporta este Ayuntamiento. Y lo hacen porque son sus colegas, mientras que a los jóvenes que cumplen la ley con sus bajeras les imponen horarios de cierre", ha dicho Alonso sobre el distinto rasero de Aranzadi-Podemos entre los que se saltan la ley y los que no.
Geroa Bai tampoco ha apoyado la propuesta de Aranzadi, mientras que Bildu sí se ha mostrado contrario al desalojo y ha dicho que intentará llegar a un acuerdo antes de que se celebre el juicio. Los abertzales de Asirón no han aceptado el punto sobre el pago de las costas, que finalmente no ha sido aprobado.
