Pamplona ha registrado un aumento del 7,6% en la delincuencia según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2025.
La cifra contrasta con el resto de Navarra, donde el incremento ha sido del 1,5%, y sitúa a la capital como el municipio donde más crece la inseguridad. El dato ha reactivado la preocupación ciudadana y ha generado críticas sobre la gestión del equipo de gobierno municipal encabezado por Joseba Asirón y también por el gobierno de Chivite.
Navarra ha pasado de una tasa de 20,8 delitos por cada 1.000 habitantes en 2009 a 52,9 en 2024, un salto notable que, en el caso de la capital, se agrava con el incremento de delitos graves.
Las agresiones sexuales con penetración han crecido un 14% en Navarra, pero el dato se dispara en Pamplona, donde el aumento alcanza el 39,1%. Los robos con violencia también reflejan un escenario preocupante: suben un 23,5% en Navarra y un 28,8% en Pamplona, lo que demuestra un aumento notable de delitos callejeros y episodios violentos.
Los indicadores más alarmantes afectan a los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, que han aumentado en Navarra un 25,1%. Sin embargo, en Pamplona el dato se dispara de forma excepcional, con un incremento del 106,9%, más del doble. Este repunte ha sido interpretado como una señal del deterioro de la convivencia en las calles y una falta de medidas eficaces por parte del Gobierno municipal.
A la preocupación por el incremento de los delitos se suma un motivo de inquietud entre los profesionales de la información y sectores de la oposición: la decisión del alcalde Asirón de restringir el acceso a la información policial.
Hasta ahora, los medios recibían datos diarios de la Policía Municipal sobre actuaciones relevantes en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, desde noviembre, el envío de estos partes queda sometido al filtro del gabinete de Alcaldía y del entorno directo del concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso.
El Ayuntamiento controla qué se comunica y qué no, bajo criterios internos y decisiones políticas. Esta medida, que rompe con el envío transparente, público y sistemático de la información policial, permite que el Consistorio omita datos, suavice situaciones o retrase información relevante, según el interés del momento. La censura informativa coincide con el repunte de los delitos más graves.
El cambio supone un giro sin precedentes en la gestión de la seguridad y abre la puerta a que la ciudadanía desconozca episodios relevantes que afectan a su protección diaria. Mientras los delitos aumentan, el Ayuntamiento elige comunicar menos.
Una decisión que, lejos de aportar tranquilidad, genera más dudas sobre la transparencia del Gobierno municipal en un momento de creciente preocupación ciudadana por la seguridad en Pamplona.
