Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha reclamado al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se personen como acusación en los procesos penales abiertos tras las recientes detenciones de extranjeros en el edificio de la antigua Ikastola Jaso. La formación foralista quiere que, acogiéndose al artículo 89.1 del Código Penal, se solicite su expulsión del país con prohibición de entrada en España. Al mismo tiempo, han exigido al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, que acelere el derribo del edificio que, a día de hoy, es un foco de insalubridad y un nido de delincuencia en forma de robos, peleas y asaltos.
Los regionalistas han defendido que ambas administraciones deben “dar un paso al frente” y ejercer la acusación para que las condenas de prisión puedan ser sustituidas por la expulsión. Recuerdan que en las últimas semanas se han producido riñas multitudinarias con armas blancas, robos con fuerza, agresiones con lesiones y ataques a agentes de Policía Foral y Policía Municipal, a quienes han agradecido su labor.
UPN considera que la situación es de “extrema gravedad” y que la respuesta institucional debe ser inmediata. Además, han instado al consistorio pamplonés a agilizar el derribo del edificio, un inmueble abandonado desde hace más de dos décadas que califican como un “foco continuo de inseguridad y suciedad”.
La formación ha recordado que en junio se aprobó respaldar la solicitud de la ikastola, propietaria de los terrenos, para adelantar la demolición mediante un convenio urbanístico con el Consorcio de Alta Velocidad. Según UPN, esta medida permitiría eliminar de forma definitiva un punto conflictivo para los vecinos.
“Es fundamental que la demolición sea una realidad cuanto antes, porque el edificio es hoy un lugar peligroso para la ciudadanía y requiere una respuesta inmediata”, han concluido desde el partido.
