La presencia creciente de asentamientos de personas sin techo en Pamplona ha encendido las alarmas por los problemas de inseguridad y convivencia que generan en distintos barrios de la ciudad. Vecinos y entidades sociales han trasladado en los últimos meses su preocupación por situaciones de riesgo, agresiones, incendios y problemas de salubridad. Buena parte de estos episodios se concentran en espacios abandonados o zonas verdes, donde jóvenes migrantes sin recursos encuentran refugio al margen de cualquier cobertura pública.
El tema ha vuelto a la actualidad municipal después de que el concejal de UPN, Javier Labairu, revelara en la comisión de Asuntos CIudadanos del Ayuntamiento de Pamplona que ha tenido acceso a un informe interno de la Policía Municipal de Pamplona. Según explicó, el documento identifica con datos concretos dos puntos clave donde se concentra el mayor número de personas sin hogar: el edificio de la antigua ikastola Jaso y el entorno del parque de Aranzadi, donde también se incluye el convento de las Agustinas.
El informe, según afirmó Labairu, refleja que entre febrero y noviembre de este año los agentes han identificado 280 personas en el edificio abandonado de Jaso y otras 215 en Aranzadi. Además, entre el 5 y el 27 de noviembre, el cuerpo policial localizó 14 asentamientos en la vía pública, en los que se contabilizaron 45 tiendas de campaña repartidas en distintos puntos de la ciudad.
Estas zonas, frecuentadas por jóvenes migrantes que aún no pueden acceder a ayudas sociales públicas, se han convertido en focos de tensión y han registrado incidentes graves en los últimos meses. El más reciente ocurrió este pasado fin de semana en el convento de las Agustinas, en Aranzadi, cuando dos personas cayeron por el hueco de un ascensor durante la noche. Una de ellas se encuentra en estado muy grave.
El edificio de la antigua ikastola Jaso ya venía arrastrando episodios de conflictividad. Según recordó Labairu, en septiembre se vivió allí el momento más crítico: agresiones, un incendio intencionado, nueve heridos y siete detenciones en apenas cinco días, una sucesión de hechos que obligó a reforzar la intervención policial. En la mayoría de los casos, los conflictos se producen entre los propios jóvenes que ocupan el espacio.
Los datos aportados esta semana han reabierto el debate sobre el futuro de estos inmuebles abandonados y la necesidad de ofrecer alternativas de acogida a quienes viven en ellos. Mientras tanto, la Policía Municipal mantiene la vigilancia en los puntos señalados y alerta del riesgo creciente tanto para los propios ocupantes como para el vecindario.
