Acusan al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra de no ofrecer una alternativa digna a varias familias vulnerables con menores.
Pamplona ha vuelto a situarse en el centro del debate sobre la emergencia habitacional después de que la plataforma Derecho a Techo haya denunciado la situación de una familia con dos menores que, según ha asegurado, se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad y desprotección” en la ciudad.
El colectivo también ha puesto el foco en otra familia con tres menores que, según ha explicado, ha terminado regresando a Marruecos. La denuncia se ha producido este 11 de marzo de 2026, en plena activación del protocolo de ola de frío, y señala directamente al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra por permitir, a su juicio, que haya menores durmiendo en la calle.
En su comunicado, la plataforma ha cargado contra el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y contra el concejal de Asuntos Sociales, Txema Mauleón, a quienes considera “responsables políticos y materiales” del bienestar de estas personas.
Además, Derecho a Techo - Negu Gorriak ha recordado que Asiron prometió al inicio de su mandato que “nadie dormiría en la calle”. Frente a ello, el colectivo ha afirmado que la realidad actual, con jóvenes magrebíes durmiendo en Jaso y Aranzadi, desmonta ese compromiso y refleja, en su opinión, una decisión política que antepone la burocracia a la dignidad de las personas.
La plataforma ha ido más allá y ha sostenido que la situación de estas familias vulnerables no responde a un hecho aislado, sino al funcionamiento de un sistema que utiliza la exclusión como forma de gestión. Según ha denunciado, una de las familias marroquíes no ha podido sostener esa situación y ha regresado ya a su país de origen.
También ha asegurado que el Ayuntamiento de Pamplona no ofrece en este momento un recurso digno para familias con menores. En ese sentido, ha criticado que ni el comedor ni el albergue municipal admitan a niños, lo que, según ha señalado, deja como única salida institucional la separación de los menores de sus progenitores.
Para el colectivo, esa posibilidad supone un ataque directo al interés superior del menor. Por eso, ha advertido de que esa respuesta institucional choca con el marco de los derechos humanos y con la protección que reconoce la normativa internacional a la infancia.
Otro de los puntos de la denuncia se ha centrado en el padrón. La plataforma ha afirmado que la negativa o las trabas para empadronar afectan ya a más de 500 personas, según datos atribuidos a la asociación Apoyo Mutuo.
En esa misma línea, ha recordado que recientemente el Tribunal Administrativo de Navarra ha reprochado al Consistorio pamplonés retrasos deliberados en la concesión de empadronamientos. A juicio del colectivo, se trata de una cuestión especialmente grave porque los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todas las personas que residen en el municipio.
La plataforma también ha denunciado la presión que, según ha indicado, sufren las personas que viven en Aranzadi. Ha asegurado que reciben visitas constantes de la policía y que sobre el edificio pesa la amenaza de un macrodesalojo, que ha comparado con el ejecutado en Badalona.
Según ha subrayado, todas estas personas comparten una misma realidad marcada por la pobreza, la vulnerabilidad extrema y la racialización. Por eso, ha acusado a los llamados gobiernos progresistas de marcar distancias con los discursos más duros contra la migración, pero aplicar después medidas que, en la práctica, afectan a personas migrantes pobres de origen magrebí.
Derecho a Techo - Negu Gorriak ha defendido además el papel de las redes vecinales y de apoyo mutuo. La campaña Negu Gorriak ha afirmado que lleva meses acogiendo a 16 jóvenes magrebíes ante la inacción municipal, mientras que el colectivo Haritu ha asegurado que ha acompañado hasta el final a la familia marroquí que reclamaba una vivienda digna.
Por último, la plataforma ha exigido una solución habitacional estable e inmediata para estas familias y para el resto de personas sin hogar en Pamplona. También ha reclamado el fin de la amenaza de separación familiar, la regularización del padrón sin trabas burocráticas y la escolarización urgente de todos los menores afectados.
