"La decepción y el sentimiento de indefensión es monumental", han señalado en un comunicado las 62 familias afectadas por el cambio.
Las 62 familias que recurrieron el cambio lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona han informado de que van a seguir adelante con el proceso legal ante lo que consideran una "injusticia" y una "imposición".
Después de que un juez levantara la suspensión cautelar del cambio de modelo en las escuelas infantiles de Donibane y Fuerte del Príncipe, las familias afectadas por la decisión del Ayuntamiento han señalado que creen que "todavía es posible que se haga justicia y que con ello, no se repitan medidas educativas impositivas que tan perjudiciales son para toda la sociedad".
Han expuesto, en un comunicado, que "la decepción y el sentimiento de indefensión es monumental" y han criticado que "en la lucha de David frente a Goliat, el sistema legal apoya a Goliat". "Y es justo apoyar a Goliat si tiene razón, pero no la tiene", han opinado.
Según ha continuado, "aunque nuestra fe en las instituciones se ha quebrado y ya nadie podrá reparar el perjuicio a nuestros hijos, vamos a intentar seguir adelante con el proceso legal". "A pesar del coste económico que supone", han dicho.
CRÍTICAS DE LAS FAMILIAS
Las familias afectadas han señalado que el Ayuntamiento "firmó a favor del cambio de modelo lingüístico, dejando claro que la participación ciudadana y el consenso es tan solo un símbolo que enarbolan y nada más", lo que motivó que interpusieron un recurso.
"Un juez nos dio la suspensión cautelar, pero un magistrado nos la quitó. Y nos la quitó porque somos pocas (¿las injusticias se miden en función del número de personas a las que afectan?), porque no se puede presuponer el comportamiento caprichoso de la Administración (¿la imposición de una medida sin datos de demanda y sin considerar otras alternativas que no perjudican a nadie no es un capricho?)", han indicado.
Y han continuado señalando que también levantó la medida cautelar "porque la suspensión atrasa los plazos de matriculación y perjudica a todos los preinscritos". "¿Acaso todos los preinscritos están contentos con el comportamiento de la Administración? ¿De verdad que atrasar los plazos de matriculación es más grave que expulsar a niños de sus escuelas mediante políticas arbitrarias?", han planteado.
