El director general de Intervención del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay ha afirmado que él habría parado la licitación de las obras del túnel de Velate en cuanto llegaron a la mesa los rumores de que la adjudicación iba a tener un ganador “con un nombre”.
Según ha explicado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, esos comentarios sobre una adjudicación dirigida a una empresa concreta (finalmente, la UTE Acciona y Servinabar) le habrían llevado a frenar el proceso “sin consentirlo nunca” en su experiencia en mesas de contratación.
El director general de Intervención ha señalado que tendría que revisar todo el expediente para decidir si emitiría un reparo suspensivo o no, aunque ha recordado que, en este caso, el interventor delegado emitió un reparo no suspensivo. Con todo, ha insistido en que antes de llegar a ese punto le habría resultado “muy difícil” seguir adelante con una duda de esa magnitud, y ha mostrado respeto por la autonomía del interventor delegado.
Al margen de la licitación del túnel de Velate, Pérez Capapay ha afirmado que no ha recibido indicaciones ni presiones del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ni de ningún otro cargo político.
En su comparecencia, también se ha referido al cruce de informes entre la OANA y su departamento. Ha recordado que Intervención emitió un informe de alegaciones en respuesta al documento que apreciaba irregularidades, y ha defendido que esas alegaciones rechazaron que la adjudicación debiera considerarse nula de pleno derecho.
En un momento tenso con UPN, Pérez Capapay ha rechazado que ese informe formara parte de un intento de “blanquear” la adjudicación. Ha replicado que no se merece esa acusación y ha subrayado que el control interno se maneja con “autonomía e independencia técnica”.
Por otro lado, el director general ha señalado que, si hubiera estado en la posición del director general de Obras Públicas cuando se emitió el reparo no suspensivo, habría tratado de corregir los posibles problemas del informe “porque soy interventor”.
Durante la sesión, también ha abordado el planteamiento del interventor delegado, que le transmitió que no quería volver a participar en una mesa si se repetía la licitación porque había perdido la objetividad. Pérez Capapay le pidió tranquilidad y le planteó que, si se licitaba de nuevo, se usaría un sistema de plicas, aunque el interventor delegado no era partidario por la necesidad de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
De hecho, Pérez Capapay ha asegurado que en aquella mesa “no había confianza” ni “lealtad” ni “buena fe”, y ha vinculado esa falta de clima de trabajo al nivel de enfrentamiento que, a su juicio, se ha evidenciado en la comisión.
Otra de las cuestiones tratadas ha sido el sistema de votación de la mesa y el orden en el que participaron sus miembros. Preguntado por el parlamentario de UPN Javier Esparza, ha defendido que el orden lo decide el conjunto de la mesa y ha añadido que lo importante es que la decisión final sea libre, sin afirmar que hubiera existido un consentimiento no libre.
En esa línea, ha indicado que su análisis no se centra en quién puntúa, sino en por qué se puntúa así, y ha apuntado a un elemento previo: el pliego de la licitación. Ha afirmado que el pliego le genera especial crítica porque es clave para entender “las cartas con las que se juega la partida”.
La comparecencia también se ha tensado por los correos que intercambió en relación con la adjudicación. Pérez Capapay ha explicado que en noviembre de 2023 el interventor delegado le comunicó el reparo no suspensivo, y ha citado un correo del 4 de noviembre en el que escribió que “por lo que comentó el consejero” el director general de Obras Públicas no tenía propósito de firmar y que, por tanto, habría que desistir y volver a licitar.
Sin embargo, este martes ha negado que el consejero Arasti le dijera eso, lo que ha provocado la insistencia de UPN por la literalidad del mensaje. Pérez Capapay ha asegurado que no recuerda exactamente lo hablado en esas fechas, ha destacado que escribió el correo un sábado a las 7.10 y ha señalado que, ante un contrato de 77 millones con un reparo no suspensivo, “a todo el mundo le tiemblan las piernas”.
Además, Pérez Capapay ha abordado el reparo suspensivo que emitió su Dirección General ante el modificado con sobrecoste en las obras del túnel de Velate. Ha precisado que no son ingenieros de caminos, pero sí técnicos cualificados en cuestiones jurídicas y económicas, y ha remarcado que el sobrecoste contemplaba una revisión de precios que “no cabe” en ese modificado, por lo que ahora el órgano gestor debe decidir.
Por último, ha dicho que sintió “vergüenza” al conocer por los medios las informaciones sobre una presunta trama de corrupción relacionada con Acciona y Servinabar, pero ha insistido en que Intervención no tuvo documentación a su alcance para apuntar a que Santos Cerdán fuera propietario de una parte de Servinabar. Aun así, ha añadido que, si esa participación se confirmara, hablaría de un conflicto de interés.
