El PSN se ha reunido en secreto esta tarde de lunes durante más de una hora con EH Bildu para negociar la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP). La cita ha tenido lugar en la propia sede pamplonesa de la institución, la tercera más importante de Navarra y que ahora mismo está regida por la izquierda abertzale.
A la reunión, que se ha desarrollado entre las 16.30 y las 17.45 horas, han acudido, por parte de los socialistas, el secretario de Organización, Ramón Alzórriz, la portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, y el edil en el mismo consistorio Xabier Sagardoy; y por parte de Bildu, uno de sus máximos representantes en Navarra y antiguo dirigente de Batasuna, Adolfo Araiz, y el presidente de la MCP, Aritz Ayesa, que también es concejal en Ansoáin. Cada uno de los dos equipos negociadores ha entrado a las oficinas por separado.
La presidencia de la mancomunidad lleva preocupando mucho tanto a Bildu como al PSN desde que las ediles de Pamplona Elma Saiz (PSN) e Itziar Gómez (Geroa Bai) renunciaran a sus puestos para liderar dos departamentos del Gobierno de Navarra. Estas dimisiones rompían los cálculos de la izquierda abertzale para conservar el puesto en la MCP, en unas elecciones muy ajustadas entre el candidato de Bildu, Ayesa, y el propuesto por Navarra Suma, Juan José Echeverría, concejal en Pamplona por la coalición de UPN, Ciudadanos y PP.
Esta votación también inquieta en demasía al PSN debido a que el puesto en la cabecera de la mancomunidad es otro de los pagos que exige Bildu como contraprestación a su apoyo, en forma de abstención, para que María Chivite se convirtiera en la presidenta del Gobierno de Navarra.
La asamblea general en la que se votará al nuevo presidente entre los 54 miembros de la mancomunidad lleva envuelta en polémica desde hace varias semanas, puesto que Ayesa incumplió los estatutos de la entidad, que en su artículo número 20 dispone que el plazo máximo para convocarla es de tres meses desde los comicios locales, por lo que esta debería haberse celebrado, como tarde, el 26 de agosto. No obstante, se llevará a cabo finalmente el 26 de septiembre. Ayesa impidió de manera ilegal su convocatoria para que los puestos vacantes del PSN y de Geroa Bai en Pamplona no alteraran su hipotética reelección.
Las cifras encima de la mesa de la mancomunidad reflejan una situación muy apretada. Navarra Suma cuenta con 22 votos, mientras que EH Bildu tiene 14, el PSN posee 7, hay 8 de independientes y, por último, Geroa Bai controla 3. Cada uno de estos votos implica mucha relevancia. Tanta que el movimiento que hizo el PSN en Huarte regalando la alcaldía a EH Bildu (otro de los pagos exigidos por los herederos de Batasuna) conllevó a su vez que los abertzales sumaran un punto más en una votación que pueden ganar debido al apoyo que recibirán de Geroa Bai y a la mayor influencia que acumulan entre los independientes.
MÁS MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS
Este, de hecho, no ha sido el único movimiento sospechoso, cuando no delator, de las intenciones del PSN con su aliado Bildu. En julio, la dirección socialista en Navarra obligó a los concejales de Burlada a romper un acuerdo que habían cerrado con Navarra Suma sobre los representantes en la MCP que acudirían en nombre del municipio (el pacto era que, de los tres miembros, dos fueran para NA+ y uno para el PSN). Alzórriz ordenó a los ediles socialistas que firmaran una enmienda para que Bildu dispusiera de un puesto en la mancomunidad. Cada voto es vital.
La situación ha provocado un respingo todavía más grande en el seno del PSN de Pamplona cuando esta misma mañana de lunes, la concejala Amaia Izko ha reconocido en un juicio en la Audiencia Nacional que actuó bajo las directrices de ETA, por lo que ha sido condenada a un año y medio de prisión y a 3 años de inhabilitación absoluta para empleo público. Así que deberá abandonar su puesto en el consistorio en cuanto la condena sea pública.
Durante la mañana se ha celebrado un pleno en el Ayuntamiento pamplonés para que los dos sustitutos de Elma Saiz e Itziar Gómez (Federico Colmenar, por el PSN, y Javier Leoz, por Geroa Bai) tomaran posesión de sus actas de concejales, pero la reunión ha estado centrada en la condena a Izko.
Esporrín (PSN), en lugar de criticar que el exalcalde de Bildu Joseba Asirón la hubiera introducido en el consistorio, ha reclamado durante uno de sus turnos de intervención que esperaba que el asunto no influyera en "las representaciones de la ciudadanía".
La concejala del PSN, como se demuestra por su declaración, en lo que estaba pensando era en si un voto menos para EH Bildu en la asamblea general de la MCP podía conllevar que los abertzales no superen en la votación a Navarra Suma y, por tanto, no se pueda satisfacer el tercer pago de los socialistas navarros a los herederos de Batasuna, tras su puesto en la Mesa del Parlamento de Navarra y la alcaldía de Huarte. Horas después se ha reunido con ellos a escondidas en la Mancomunidad.
LA OFERTA DE RIVERA
La situación a nivel nacional también ha apretado este lunes las tuercas a la dirección del PSOE en España, que de manera continua sufre en sus carnes el pacto que el PSN ha protagonizado con Bildu en Navarra. La oferta anunciada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de una abstención a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de, entre otras cosas, que en la Comunidad foral se impusiera un Ejecutivo constitucionalista y alejado de Bildu, le ha vuelto a pasar factura al PSOE.
Sánchez ha salido a la palestra para remarcar que ya cumplía las tres exigencias de Ciudadanos, tratando de reforzar el discurso manido y ridículo de Alzórriz de que no hay ningún pacto con Bildu, y que, de hecho, ni siquiera hay diálogo con la izquierda abertzale.
Sin embargo, horas después, el propio Alzórriz, junto con Esporrín y Sagardoy, entraban en secreto a unas oficinas para reunirse con Bildu y avanzar en las negociaciones que confluyan en que el tercero de los pagos exigidos por los abertzales sea satisfecho. No es un pago menor, puesto que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está integrada por 50 municipios (con 365.000 habitantes), ha contado este año con un presupuesto de 125 millones de euros y gestiona servicios tan importantes como el abastecimiento del agua, la recogida y el tratamiento de los residuos o el transporte urbano comarcal.
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