Los socialistas han criticado que el vicepresidente Laparra actúa "de manera improvisada ante la presión de algunos de sus socios de gobierno".
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha asegurado que "es claro y notorio" que en la fundación pública para la gestión de servicios sociales planteada por el Gobierno de Navarra habrá "una mejora de los servicios" así como de "las condiciones laborales de los trabajadores".
De la misma manera, ha resaltado que "el modelo de gobernanza que hemos planteado es muy abierto a la sociedad y a la participación en el patronato de entidades sociales".
Laparra se ha pronunciado ante las criticas de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que ha considerado que esta fundación "no supone ninguna mejora en la atención a las personas, ni en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, ni tampoco supone una verdadera gestión pública".
En este sentido, el consejero ha señalado que "los servicios sobre los que ahora se plantea su publificación son servicios y contratos que ahora están fuera de vigor, por tanto, tampoco hay ningún derecho legal de las entidades para continuar con la prestación de estos servicios".
Por otro lado, ha afirmado que la de esta fundación "sí que se trata de gestión pública" y ha puesto como ejemplo que "a diferencia de una entidad privada que contrata a quien le da la gana y por el método que quiere, una fundación pública tiene que estar regida por los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".
Asimismo, ha indicado que en la gestión económica "los presupuestos deben estar registrados en los Presupuestos Generales de Navarra y debe hacerse una gestión contable de acuerdo a la normativa exactamente igual que el resto de la Administración pública de Navarra".
Como ejemplo de las mejoras que va a suponer esta fundación pública, ha destacado que en el Centro de Observación y Acogida (COA) "se incorpora la posibilidad de introducir un servicio de urgencia fuera de los horarios laborales" que "es muy difícil que se asuma desde la gestión privada".
Asimismo, ha indicado que "en el caso del COA de conflicto, nos permite buscar una localización idónea dentro de la trama de la ciudad que permita la integración de los menores; algo que desde la iniciativa privada se ha sido incapaz de resolver en dos contratos que han quedado desiertos".
En el caso de los centros de servicios sociales ha reconocido que "los profesionales están haciendo muy buena intervención" pero "es muy difícil que desde una gestión privada se pueda coordinar a servicios públicos como los Servicios Sociales de Base sobre el territorio". "Eso debe hacerlo una función pública con capacidad de coordinación y con liderazgo directo del Gobierno", ha añadido.
En cuanto a los trabajadores que se incorporarían a través de la subrogación de las plantillas de los servicios que pasarían a prestarse por esta fundación pública, Laparra ha señalado que "de forma inmediata habrá mejoras laborales", si bien ha explicado que, una vez se asuman esos servicios, la previsión es negociar un nuevo convenio colectivo para la fundación.
Un convenio en el que "lo lógico es que las categorías profesionales se homogeneicen, tanto en términos de categorías como de retribución" lo que "va a suponer mejoras sin duda".
LA "IMPROVISACIÓN" DE UNA FUNDACIÓN PÚBLICA
Por su parte, los socialistas han considerado que Laparra actúa "de manera improvisada al anunciar la próxima creación de una Fundación Pública para la gestión de servicios sociales".
Para Nuria Medina, portavoz del PSN en materia de Derechos Sociales, "no responde ni una necesidad real ni a una demanda de los colectivos que prestan estos servicios".
La socialista ha criticado que Laparra ha promovido esta medida "ante la presión de algunos de sus socios de gobierno y lo ha hecho sin ninguna reflexión, ni valoración ni participación por parte de las entidades sociales".
“Parece que le estaban urgiendo a que actuara porque se acaba la legislatura, y ha vuelto a dar muestras de la improvisación y falta de planificación a las que ya nos tiene acostumbrados”, señala Medina.
Además, ha comentado que "estas organizaciones han asumido durante años muchos servicios sociales mediante un régimen de gestión indirecta, y lo han hecho con gran profesionalidad a pesar de las condiciones laborales altamente precarias de los trabajadores".
En este sentido, el PSN ha destacado que estas condiciones "no van a cambiar al ser subrogados por una fundación pública de la que no se saben ni los objetivos, ni el funcionamiento ni la composición".
"Tampoco va a suponer que la gestión pase a ser pública, ya que una fundación tiene personalidad jurídica privada con participación mayoritaria de la Administración, de manera directa o indirecta", ha añadido.
Por este motivo, los socialistas han solicitado la comparecencia del vicepresidente Parlamento para explicar "los objetivos de la fundación" y, sobre todo, "en qué va a mejorar la calidad de los servicios y cómo va a afectar a las condiciones laborales de las plantillas".
Así pues, Medina ha señalado que "la gestión de los servicios, sea de manera directa o indirecta, debe responder siempre a criterios de eficacia, eficiencia y calidad" y ha alertado que "las políticas del gobierno con respecto al tercer sector están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas de las entidades que desde hace años están prestando una atención rigurosa, adecuada y de calidad".
