• viernes, 29 de marzo de 2024
  • Actualizado 13:38
 
 

POLÍTICA

Piden en el Parlamento foral una "reflexión" sobre el modelo de gobernanza de residuos

El objetivo del nuevo era permitir a las entidades locales "una gestión más coordinada y eficiente"

RESIDUOS
Imagen de archivo de unos residuos. ARCHIVO

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha pedido este viernes en el Parlamento foral una "reflexión" en torno al modelo de gobernanza de residuos.

El consejero ha detallado, en una comisión parlamentaria a petición de Navarra Suma, que la ley foral de Residuos aprobada en 2018 preveía la creación de un Ente Público de Residuos de Navarra y la disolución del actual Consorcio de Residuos en un plazo de seis meses, plazo que ya ha sido superado.

Según la normativa, este nuevo ente público agruparía a todos las entidades locales menores de 20.000 habitantes y podría incluir, desde la voluntariedad, al resto de ayuntamientos navarros.

El objetivo de este nuevo ente, según recogía la ley, era permitir a las entidades locales "una gestión más coordinada, eficiente y cohesionada" en materia de residuos.

El consejero ha afirmado que "nos tenemos que preguntar todos si con este modelo de ente público, con voluntariedad para entidades mayores de 20.000 habitantes y con funciones tan solo de coordinación en la gestión, es posible conseguir una gestión en el tratamiento de los residuos de toda Navarra con una tasa única que garantice un servicio básico para todos los habitantes de Navarra de manera solidaria y homogénea en el servicio".

Bernardo Ciriza ha afirmado que las competencias en la recogida de residuos pertenecen a las entidades locales y "tenemos que prestarles todo el apoyo necesario para un sistema de recogida lo más eficaz y eficiente posible, sin olvidarnos de la ciudadanía, pero también tenemos que tener clara la responsabilidad de la Administración en materias como tratamiento de la gestión y eliminación de residuos, un reto muy importante para sostenibilidad y para la mitigación del cambio climático".

Actualmente en Navarra, la gestión de residuos domésticos es diferente para la recogida y tratamiento. La recogida se efectúa por parte de las entidades locales, que están organizadas en 15 mancomunidades y un ayuntamiento.

Para el transporte y tratamiento hay dos grandes entidades: la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Consorcio de Residuos de Navarra, que agrupa a 14 mancomunidades y al Ayuntamiento de Baztan.

El consejero ha explicado que es "una situación compleja para una comunidad con un ámbito de actuación de menos de 650.000 habitantes y 9.500 kilómetros cuadrados".

El portavoz de Navarra Suma, Miguel Bujanda, ha afirmado que el Gobierno "no se moja" y ha afirmado que "todo el proceso de la creación del ente es un dislate, va mal, tarde, a lo loco, con nocturnidad".

"Estamos a tiempo de replantear los objetivos y ser realistas", ha indicado, para señalar que en la pasada legislatura el PSN fue crítico con la ley aprobada en 2018.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha afirmado que Navarra Suma "tiene el mantra de cargar contra el resto, de lo que decía el resto, de lo que hacía el resto, pero no hace ni una sola propuesta, y la exposición del consejero ha estado muy bien para ponernos en situación".

"Se ve la división que existe en Navarra para un mismo fin, que es tratar los residuos. Estamos un poco como el ejército de Pancho Villa, cada uno soluciona sus problemas, y eso hay que atajarlo", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que la ley de residuos es "pionera en el Estado y es de las más avanzadas de Europa y lógicamente se ha encontrado con algunas reticencias de algunos frentes".

"Es una ley que pretende prevenir, recoger selectivamente sobre todo la materia orgánica, que tiene prevista una nueva fiscalidad, que penaliza el vertido", ha defendido.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha pedido al consejero que explique cuál es su modelo y ha afirmado que la ley de residuos de 2018 en lo relativo a la gobernanza no fue un "capricho" del cuatripartito anterior, sino que "responde a un requerimiento del Estado en relación a que el Consorcio de Residuos como tal no podía seguir existiendo". "Se buscó una solución jurídica", ha dicho.


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