El secretario general técnico de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez, ha manifestado este miércoles en el Parlamento que ha “avalado jurídicamente” los cambios propuestos en el modificado de la obra de duplicación del túnel de Belate, pese al reparo suspensivo dictado por la Intervención General.
Jiménez ha señalado que no siente que tenga “ninguna responsabilidad” porque, según ha explicado, emitió un informe jurídico “con una dirección facultativa que asegura” unos “imprevisibles”, que “razona con motivos”. En su comparecencia, ha defendido que él ha trabajado con la documentación que constaba en el expediente.
El secretario general técnico ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas y ha explicado que emitió el informe sobre el modificado porque “lo solicitó la Intervención General”. También ha asegurado que es normal pedir un informe jurídico en expedientes de esta relevancia.
Tras indicar que la Intervención no le dijo nada sobre su posterior informe que declara el reparo suspensivo, Jiménez ha afirmado que él se ha centrado en el expediente recibido: una propuesta de resolución, un informe de la dirección facultativa y un informe de la Dirección General. “A mí me llega el expediente con un informe de dirección facultativa que justifica, por imprevisibilidad, el cambio en esas unidades y eso es lo que estudiamos”, ha señalado.
Jiménez ha insistido en que, con la documentación disponible “en ese momento”, se presentaban tres razones de imprevisibilidad por parte de la dirección facultativa, que “argumenta” y “justifica”. En su turno, ha negado que haya habido seguidismo del Gobierno, como le ha trasladado el parlamentario de UPN, Pedro González: “Para nada”.
Según ha explicado, él ha hecho un informe jurídico sobre esos tres supuestos y, después, Intervención —que tiene la competencia y emite su informe— ha pedido más documentación y ha dado trascendencia a que exista una propuesta por parte de la empresa. Jiménez ha recalcado que “al final quien tiene que tomar la decisión es la dirección facultativa”.
En esa línea, ha asegurado que la dirección facultativa, como órgano competente, ha mencionado un procedimiento relacionado con Minas y diferencias en el terreno y en el material respecto a lo previsto en el sondeo, tanto en la excavación como en el sostenimiento, entre otras cuestiones. Preguntado por si el informe de Intervención le deja “a los pies de los caballos”, ha respondido que él hace “los informes con la documentación” que tiene y que no conoce que se haya tomado esa decisión con anterioridad a la obra.
Sobre la adjudicación, Jiménez ha explicado que, cuando llegó al departamento como secretario técnico, ya se había hecho la propuesta por parte de la mesa y que por los compañeros jurídicos tuvo conocimiento del proceso. Ha señalado que le trasladaron que “había discrepancias entre los técnicos y los vocales jurídicos y el interventor”.
En relación con los votos particulares, ha dicho que “para nada” quiso quitarlos y que, de hecho, se adjuntan en la resolución de adjudicación. Ha añadido que la resolución debe contener la propuesta de adjudicación porque la decisión de la mesa es “unívoca”, aunque existan discrepancias internas, y que todas las empresas notificadas tuvieron conocimiento del acta técnica y de los votos particulares, aunque no se copiaran dentro de la propuesta.
Respecto al sistema de votación que se siguió en la mesa, Jiménez ha afirmado que “no hay una regulación del procedimiento para valorar técnicamente”. Ha señalado que en sus años de trabajo ha visto distintas formas de valoración, con reuniones presenciales y telemáticas, y ha explicado que en este caso el presidente dijo que era la forma habitual: los técnicos aportan puntuaciones con informes de motivación y, con la media, el presidente hace el informe de motivación. Jiménez ha añadido que, aunque no se puede exigir un único método, “hay que trabajar para mejorar los procedimientos” y se puede estudiar “a futuro” otra forma de trabajo.
Sobre si tuvo información de influencias externas o si escuchó rumores sobre la adjudicación, Jiménez ha dicho que a él no le llegó “nada”. Ha comentado que se habló de algún rumor, pero ha asegurado que no tuvo noticia de presiones y que, a su juicio, técnicos y personal han valorado “en conciencia”.
También ha señalado que no considera que la adjudicación de Belate sea nula de pleno derecho, al entender que esa sanción exige una infracción absoluta del procedimiento. Ha indicado que se han cumplido requisitos porque hay actas y correos, y ha defendido que los correos pueden considerarse documentos de trabajo y que la ley los admite como forma de comunicación que refleja la voluntad de los miembros de la mesa de contratación.
Por último, preguntado por el traslado de quien fue secretario de la mesa, Lorenzo Serena, Jiménez ha afirmado que nadie le trasladó que hubiera que impedir su regreso al departamento. Ha explicado que la amortización de la plaza vacante se solicitó con anterioridad y que la decisión la toma Función Pública mediante un decreto de modificación de plantilla. Sobre el traslado de Serena a una nave de Landaben, ha señalado que el cambio de adscripción es competencia de la Dirección General y que no entra dentro de las competencias jurídicas de la Secretaría General Técnica emitir un informe o revisión sobre ese asunto.
