Al inicio del último periodo de sesiones de la legislatura, con elecciones en menos de cinco meses, los firmantes del Acuerdo Programático hacen balance del mismo y solo el PSN da por cumplido todo lo sustantivo, mientras que Geroa Bai, Podemos e I-E apuntan compromisos aún pendientes por la responsabilidad de otros.
"Lo sustantivo está realizado" gracias al "esfuerzo y riqueza del diálogo constante", afirma el portavoz parlamentario y secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, que recuerda además que la pandemia obligó a asumir otras cuestiones que no recogía el acuerdo y en las que se aplicaron los ejes previstos para el resto, como la Agenda 2030, la apuesta por los valores de la paz, la igualdad de género, el reto de la transformación digital, la defensa del autogobierno o la colaboración activa entre instituciones y sociedad civil.
Y asevera que no se puede hablar de incumplimientos sino de "futuros retos" en una sociedad que cambia, lo que exigirá por ejemplo hacer frente al envejecimiento poblacional con una nueva dimensión de la sanidad pública aprovechando la tecnología digital y abordar la transformación digital para un nuevo modelo de gestión de lo público asegurando la prestación de manera eficiente y eficaz, sin olvidar el reto medioambiental que requiere favorecer las energías renovables.
Geroa Bai entiende sin embargo que antes de terminar la legislatura es "imprescindible" que la Policía Foral asuma la competencia de tráfico y que se desarrolle reglamentariamente la Ley de Policías de Navarra, dos asuntos pendientes en el primer caso por "escollos en la negociación con el Gobierno Sánchez", que Uxue Barkos confía en que se puedan solventar, y en el segundo por la "inacción por parte de Interior, que debe corregirse de manera urgente".
Además da por seguro que finalizará la legislatura sin el impulso a la tramitación de la transferencia de I+D+i, el desarrollo del Decreto de Méritos "para hacer justicia con el euskera como mérito en las Ofertas Públicas de Empleo" y el avance en herramientas que hagan frente a la crisis energética, como la Agencia de Transición Energética de Navarra (ATENA), y todo porque "el PSN no ha tenido la voluntad política suficiente: en unos casos frente a los ataques de NA+ a los que se ha sometido, y en otros frente a los intereses de Ferraz, a los que se ha doblegado".
Begoña Alfaro, secretaria general de Podemos, destaca, por su parte, que antes de disolver el Parlamento se tienen que aprobar la ley foral de lucha contra el racismo y la xenofobia y la de Justicia Restaurativa y Mediación, y anota además que, aunque sea de competencia estatal, la aprobación de la ley de vivienda será "clave" para que en Navarra "se pueda poner tope a los precios abusivos del alquiler" en zonas tensionadas y para que de ese tope se puedan beneficiar "todas aquellas familias a las que el coste de la vivienda les come sus ingresos".
En el debe da por seguro que quedará sin cumplir la oferta de un parque público de vivienda cuando hay 10.000 personas inscritas en el censo para optar a una de alquiler, "una oportunidad perdida para ser más ambiciosos", igual que sucederá con el derecho de tanteo y retracto porque "no es prioritario" para los grupos mayoritarios, mientras que critica que Navarra Suma y PSN se opongan a que la Agencia Navarra de la Energía se encargue de la comercialización para anteponer las personas a los intereses de las empresas del oligopolio energético.
Más numerosas son las demandas de la portavoz de I-E, Marisa de Simón, que, junto a una reforma fiscal y la creación de una banca pública, reclama antes de terminar la legislatura el refuerzo de la Atención Primaria, el desarrollo de una enseñanza pública de calidad, el fin de los conciertos con colegios que segregan por sexo, abordar la reforma de la administración local, la reversión del transporte sanitario, el desarrollo del plan de empleo y de la ley del cambio climático y la reforma del decreto de euskera.
"Es el gobierno quien incumple" porque "mayorías hay", dice, y subraya sus dudas sobre la posibilidad de que se aborde alguno de estos temas a tiempo y da por perdida la gratuidad del ciclo 0-3, la lucha contra la siniestralidad laboral y la discriminación de la mujer en el empleo o la reducción de las listas de espera, a lo que agrega su malestar por pactos entre diferentes grupos "contrarios al Acuerdo Programático", por ejemplo entre NA+ y Geroa Bai sobre la enseñanza concertada o el profesorado de religión, donde "el PSN se alineó con NA+".
El balance final, dice Ramón Alzórriz, lo deberá hacer la ciudadanía navarra el 28 de mayo en las urnas pero "la raíz fundamental del Acuerdo Programático fue gobernar para una mayoría social desde la centralidad y búsqueda del consenso" y "en esta tesitura hemos gobernado para todas y todos, habiendo procurado la protección de las personas más vulnerables y favoreciendo el crecimiento de empleo y riqueza" en una legislatura condicionada por la pandemia.
Más moderada en la valoración se muestra Uxue Barkos, quien apunta que el balance final sobre el acuerdo "será razonable en términos generales si se cumple con el compromiso de transferencias".
Teniendo también en cuenta la pandemia, Begoña Alfaro le da un "positivo" en líneas generales y destaca "la capacidad de entendimiento de la mayoría progresista", aunque "en algunos temas se ha hecho excesivo seguidismo de Madrid y en otros se ha sido poco ambicioso", como en política medio ambiental, fiscal y de vivienda.
Es Marisa de Simón la que peor nota pone al Acuerdo Programático en la recta final de la legislatura, un "insuficiente", ya que fue "de mínimos" desde el origen, ha quedado "viejo" en un contexto de crisis par atender las necesidades de la ciudadanía y además son "muchos" los contenidos sin desarrollar.
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