La senadora de UPN, María Caballero, ha presentado una moción en el Senado en la que solicita al Gobierno medidas urgentes para solucionar el déficit crónico de examinadores de tráfico en España.
La propuesta, que se debatirá en el pleno de la Cámara Alta los días 11 y 12 de febrero, también insta a estudiar la posible implantación de un modelo de colaboración público-privada en la gestión de los exámenes de conducir, siguiendo ejemplos de otros países europeos.
Caballero ha señalado que esta iniciativa responde a las demandas de la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) y la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas (CNAE), que llevan tiempo denunciando la falta de examinadores y personal administrativo, lo que ha generado largas listas de espera para la realización del examen práctico.
Según los datos recogidos por UPN, en algunas provincias el tiempo de espera oscila entre dos y tres meses, mientras que en determinadas grandes ciudades puede alcanzar hasta los seis meses, lo que supone un problema para muchas personas que necesitan el carné para acceder a un empleo.
"Se trata de una realidad que se repite año tras año y que la DGT no ha logrado resolver con sus llamados 'planes de choque', que incluyen contrataciones temporales, incorporación de personal interino o la realización de horas extra, medidas que resultan insuficientes y no atajan el problema de raíz", ha afirmado la senadora regionalista.
En el caso de Navarra, la situación es especialmente preocupante. Según datos de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA), actualmente 5.200 personas que ya han aprobado la parte teórica del carné deben esperar alrededor de cuatro meses para poder presentarse al examen práctico debido a la escasez de examinadores.
Caballero ha recordado que esta problemática no es nueva, ya que en 2018 el Parlamento de Navarra aprobó una resolución para solicitar un aumento de plazas de examinadores, una petición que se ha repetido en diferentes ayuntamientos de la comunidad foral desde entonces.
Por todo ello, UPN ha incluido en su iniciativa la posibilidad de adoptar un modelo público-privado en la gestión de los exámenes de conducir, una fórmula que ya se aplica en otros países europeos, como Portugal. Esta opción ha sido mencionada tanto por el presidente de la CNAE, Enrique Lorca, como por el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, quien en abril de 2024 expresó en el Congreso de los Diputados su disposición a estudiar la colaboración público-privada en el ámbito de la seguridad vial.
La propuesta será debatida en el Senado con el objetivo de presionar al Gobierno para que adopte medidas que permitan reducir los tiempos de espera y garantizar un servicio eficiente y accesible para los ciudadanos que necesitan obtener el permiso de conducir.
