La polémica por los denominados "campamentos de los horrores" salta de Navarra a la política nacional. El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Congreso de los Diputados tres preguntas dirigidas al Gobierno de España para exigir responsabilidades y controles estrictos sobre los campamentos de verano que arrancarán en apenas seis días en las localidades navarras de Abáigar y Goñi. Las actividades están organizadas por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, la misma entidad que arrastra graves denuncias por presuntos delitos sexuales con menores en el País Vasco.
La iniciativa en Madrid llega ante lo que el partido califica como un "silencio atronador" e inacción por parte del Gobierno de Navarra presidido por María Chivite. A pesar de la gravedad de los hechos investigados y de que las actividades con niños están a punto de comenzar, el Ejecutivo foral no ha adoptado ninguna medida cautelar ni ha abierto expediente sancionador a la organización.
Los hechos que han encendido todas las alarmas ocurrieron en los campamentos que esta misma asociación gestionaba en Bernedo (Álava) entre los años 2021 y 2024. Según las denuncias de las familias afectadas y las investigaciones que mantiene abiertas la Ertzaintza tras recibir más de 20 quejas, en las instalaciones se imponían prácticas humillantes como duchas mixtas obligatorias en las que tanto los monitores como los menores de edad debían asearse completamente desnudos juntos.
Estas denuncias han dado pie a un procedimiento judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo, coacciones y corrupción de menores. Ante la gravedad de la situación, la Diputación Foral de Álava actuó con contundencia el pasado 4 de junio aprobando una durísima resolución:
Además, la propia institución alavesa se ha personado en los juzgados como acusación particular para defender a los menores afectados en este proceso.
A pesar de que la resolución sancionadora de Álava fue remitida formalmente a Pamplona, el Gobierno de Navarra ha decidido mirar hacia otro lado. No solo se van a celebrar los campamentos de este verano en Abáigar y Goñi sin ningún impedimento, sino que el Ejecutivo foral mantiene el apoyo institucional indirecto que viene prestando a esta entidad a través del Instituto Navarro del Euskera (Euskarabidea) y la Mancomunidad de la Sakana, cuyas subvenciones públicas han ido en aumento progresivo durante los últimos años.
VOX, que ya denunció estas irregularidades ante el Juzgado de Estella en octubre de 2025 y ha exigido en el Parlamento navarro las comparecencias urgentes de las consejeras Ana Ollo y Begoña Alfaro, busca ahora que el Ejecutivo central intervenga. La formación exige saber si Madrid piensa impulsar controles sobre la asociación y si se van a pedir explicaciones políticas a la Comunidad Foral por seguir financiando con dinero público a una entidad inhabilitada por poner en riesgo a los menores.
