La creciente contestación social contra el desembarco de proyectos industriales de gran calado en la zona rural foral ha logrado un espaldarazo decisivo en Madrid. El Consejo de Ministros ha autorizado oficialmente a un pueblo de Navarra a convocar una consulta popular binding para que su censo electoral decida en las urnas si aprueba o veta de forma definitiva la instalación de una controvertida planta de biometano en su término municipal. La localidad en cuestión es Murillo el Cuende, en la Ribera Alta.
El plácet otorgado por la Moncloa se produce tras verificar el estricto cumplimiento del artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los informes técnicos avalados por el Ejecutivo central admiten que el impacto medioambiental, el constante paso de transporte pesado de residuos y las previsibles afecciones por malos olores constituyen un asunto de "especial trascendencia" para los intereses de la comunidad vecinal, dotando de cobertura legal completa al sufragio.
La proliferación de instalaciones destinadas al tratamiento masivo de purines y materia orgánica ha encendido todas las alarmas en diversos puntos de la geografía navarra. El temor al deterioro de la calidad de vida, los efluvios hediondos, la devaluación de las viviendas y la contaminación de acuíferos han llevado al Ayuntamiento a ampararse en la decisión directa del pueblo para blindarse frente a las presiones de la promotora privada.
Con el aval definitivo del Gobierno de España en la mano, la corporación municipal fijará en los próximos días la fecha para convocar a las urnas a todo el censo. Un "no" mayoritario en las papeletas congelará de inmediato la implantación del complejo energético, sentando un precedente muy incómodo para la gestión de este tipo de infraestructuras en el mapa rural de la Comunidad foral.
