CCOO ha denunciado ante Inspección de Trabajo los atrasos en los pagos de la empresa Omega Facility Services S.L. Se trata de una compañía que ejerce el servicio de limpieza en varios centros de propiedad del Gobierno de Navarra y que, ahora, amplía su labor con la adjudicación de los lotes 5, 6, 8 y 11 que el Ejecutivo sacó a concurso. CCOO ya se ha reunido con personal responsable de patrimonio del Gobierno de Navarra.
Para el sindicato no es admisible que el Ejecutivo foral proteja y financie a una empresa privada que no cumple con sus compromisos y paga de manera tardía a sus empleadas. Pese a que el convenio de limpiezas de Navarra señala que se debe pagar a las plantillas antes del último día de cada mes, las trabajadoras de Omega que limpian centros propiedad de la Consejería de Educación cobraron la nómina de diciembre el 18 de enero.
Según cálculos del sindicato, 200 personas aproximadamente podrían trabajar para Omega Facility Services tras su ampliación del servicio. Sin los pagos en los tiempos acordados, el sindicato recuerda que las familias que dependen de estos salarios no pueden afrontar los costes de necesidades básicas, como el pago de hipotecas o alquileres.
CCOO recuerda experiencias cercanas en Navarra de impagos de las empresas adjudicatarias de la limpieza a sus trabajadoras. En las oficinas de Correos, el personal de limpiezas tuvo que presionar por medio de una huelga indefinida para que la dirección de la empresa pública rescindiera el contrato con la empresa adjudicataria, J Córdoba. La adjudicación de las limpiezas a esta compañía se produjo en un momento en el que ya se conocía la insolvencia de la empresa.
CCOO reclama un cambio en la reciente adjudicación de los lotes 5, 6, 8 y 11 por parte del Gobierno de Navarra. En opinión del sindicato, el Ejecutivo no debe financiar a empresas que no cumplen con sus obligaciones y, aun menos, premiar a dichas compañías con una ampliación de su servicio. Tras la reunión con responsables de patrimonio del Gobierno de Navarra, el sindicato espera que el Ejecutivo reconsidere las últimas adjudicaciones.
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