Ecologistas en Acción inició el año pasado 244 procedimientos judiciales relacionados con la protección del medioambiente, dos de ellos en Navarra.
La mayoría de ellos (152) corresponden al orden contencioso administrativo, entre los que destacan 91 casos en Andalucía, seguida de 53 en Castilla y León y 23 en la Comunidad de Madrid.
Según ha informado la organización en un comunicado, del total de los asuntos que las distintas federaciones de Ecologistas en Acción elevaron a los tribunales en 2020, 90 se tramitan como penales y otros dos se dirimen en juzgados de lo civil y todos ellos han sido presentados por más de 30 abogados ecologistas, la mayoría de los cuales "realizan su labor de forma altruista, no remunerada".
Por comunidades autónomas destacan los 91 asuntos tramitados en Andalucía, seguidos de 54 en Castilla y León, 23 en Madrid, 14 en Murcia, 13 en Cantabria, 10 en Castilla-La Mancha y en Extremadura; 7 en Cataluña y 7 en Valencia; 4 en el País Vasco y Canarias; 2 en Aragón y Navarra y uno en Asturias, Baleares y en Melilla, respectivamente.
Los procedimientos judiciales estaban relacionados con diversos asuntos, entre los cuales destacan recursos contra licencias o planes urbanísticos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, proyectos de minería, infraestructuras de transporte como autopistas o protección de vías pecuarias o caminos públicos.
También se han llevado a los tribunales casos relacionados con la falta de planes contra la contaminación del aire, gestión de espacios protegidos, denuncias por delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, incendios en vertederos y plantas de almacenamiento de residuos o asuntos de prevaricación urbanística, indican desde Ecologistas en Acción.
Aseguran que la defensa medioambiental en los tribunales constituye "una última línea de batalla" de Ecologistas en Acción contra la degradación ambiental y que hasta ahora las resoluciones judiciales les suelen ser favorables, aunque "en la mayoría de las ocasiones resulta muy difícil ejecutar las sentencias y restaurar el medio ambiente alterado."
Indican, asimismo, que las actuaciones judiciales responden con frecuencia "a resoluciones o acciones contrarias a derecho llevadas a cabo por las administraciones públicas" y que España "es uno de los países europeos que año tras año registra más vulneraciones de la normativa ambiental".
