• viernes, 29 de marzo de 2024
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EDUCACIÓN

Educación, satisfecha por la aprobación de la ley de FP: "Da respuesta a las expectativas"

Navarra, en el año 2020, fue pionera en reordenar las competencias distribuidas entre los ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social.

Imagen de archivo de una pizarra en un aula. ARCHIVO
Imagen de archivo de una pizarra en un aula. ARCHIVO

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha expresado su "satisfacción" por la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, "dado que su entrada en vigor optimiza los recursos existentes y posibilita un sistema único de formación profesional para toda la ciudadanía".

La nueva ley orgánica de FP, aprobada este miércoles en el Senado, establece la integración en un sistema único organizado por grados y dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto ocupados como desempleados, "para que puedan programar itinerarios formativos en función de sus expectativas y necesidades". "Este sistema resulta mucho más flexible y accesible y convierte a las personas en el eje de actuaciones de la ley", ha indicado Educación.

Según ha añadido, Navarra, en el año 2020, fue pionera en reordenar las competencias distribuidas entre los ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social, respectivamente, asumiendo el Departamento de Educación desde el 1 de enero de 2021 la competencia en materia de formación para el empleo, fruto de un acuerdo entre los Departamentos de Derechos Sociales y el de Educación, suscrito por sus respectivos titulares con fecha 27 de octubre de 2020.

Como consecuencia de ello, ha expuesto, la Dirección General de Formación Profesional ha desarrollado procedimientos de acreditación en 15 cualificaciones diferentes, habiendo participado en el pasado año 2021 un total de 260 personas en 750 unidades de competencia. Para el presente año 2022, se estima que se alcance una participación de 2.000 personas en 7.000 unidades de competencia.

En materia de Formación para el Empleo, el pasado 2021 se programaron más de 33.000 horas formativas en 24 familias profesionales, amén de 6 cursos de competencias clave de nivel 2 con 236 participantes, previendo para 2022 llegar a cerca de 35.000 horas formativas.

Educación ha señalado que "el desarrollo de esta pionera Ley a nivel europeo pivota en la red de centros de formación profesional, abiertos a las necesidades de la ciudadanía dando respuesta a las expectativas de los sectores productivos".

CREACIÓN DE UNA RED DE CENTROS DE EXCELENCIA

La ley prevé la creación de una red de centros de excelencia en los que adquiere protagonismo la innovación en colaboración con las empresas. "Esta ley busca estrechar la brecha existente con respecto a la UE en el número de titulados de FP: un 34% de media española (38% en Navarra), frente al 47% europeo", ha dicho el Gobierno foral.

Como elemento destacable de la recién aprobada ley orgánica figura el itinerario formativo al que cada persona puede aspirar y que se divide en cinco grados ascendentes, capitalizables, convalidables y acumulables:

A. Acreditación parcial de la competencia (Unidad de competencia).
B. Certificado de competencia.
C. Certificado profesional.
D. Ciclos formativos de Formación Profesional.
E. Cursos de Especialización (Masters de FP.)

Según ha indicado, "se trata, además, de una ley inclusiva que potencia la FP Dual que, en su modalidad genérica, abarcará entre un 25% y un 35% de las horas curriculares, mientras que en su modalidad intensiva ocupará más del 35% señalado, colaborando las empresas en un 30% del currículo".

Ha expuesto que la ley incorpora un Catálogo Nacional de Estándares (antiguo Catálogo Nacional de Cualificaciones) que clasificará las competencias de 1 a 3, según su complejidad, así como un Catálogo Modular de FP, que determinará los módulos relacionados con cada competencia o estándar. "La implantación de la ley orgánica de FP se desarrollará, de acuerdo con las comunidades autónomas, a lo largo de los próximos cuatro años", ha concluido.

Catalán (UPN) lamenta "la oportunidad perdida"

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha lamentado este jueves que "se haya perdido una buena oportunidad para apostar por la atención a la diversidad y la inclusión real de aquellos alumnos con necesidades específicas y especiales" en la tramitación en las Cortes Generales de la nueva ley de Formación Profesional.

Catalán se ha manifestado así después de que el Senado haya rechazado las enmiendas presentadas por la formación regionalista a la citada ley orgánica. "Hablamos de alumnos de incorporación tardía, con problemas de aprendizaje, de familias socioeconómicamente desfavorecidas o con discapacidad", ha explicado.

El senador de UPN ha sostenido que "para garantizar su derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad, así como el del resto de sus compañeros, es necesario, entre otras medidas, reducir las ratios en las aulas e incrementar los apoyos docentes".

Catalán ha incidido en la oportunidad de esta ley para impulsar una Formación Profesional Dual que "permita a los jóvenes desarrollar sus proyectos de futuro" y a los trabajadores "mejorar sus expectativas a través de la formación continua".

Una formación -ha dicho- que "no puede tener la consideración de prácticas ni suponer la sustitución de funciones que corresponden a un trabajador". Por esta razón, se ha mostrado partidario de un sistema de becas formativas que "mantengan la vinculación entre las empresas y el alumnado".

En consecuencia, ha insistido en la conveniencia de posibilitar una mayor participación de las empresas en todo el proceso, ya que "son las que conocen sus necesidades reales y las de su entorno productivo". Asimismo, ha recalcado que la ley también debe prever circunstancias como "el acoso escolar, el suicidio y el respeto al diferente".

Por otro lado, UPN también ha visto rechazada una enmienda que pretendía "garantizar que cualquier alumno pueda estudiar en español independientemente del lugar donde resida en nuestro país".

Catalán ha defendido el castellano como lengua vehicular del sistema educativo y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no amparar el derecho de los alumnos a estudiar en español, así como de no evitar el adoctrinamiento en los centros educativos cuando se vulnera la legalidad constitucional".


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