El sondeo, basado en 370 respuestas de compañías —en su mayoría del sector servicios y de pequeñas y medianas empresas— dibuja un entorno que el empresariado describe como desfavorable. Cerca del 80 % señala un escenario marcado por el aumento de la presión fiscal, la inseguridad jurídica, la burocracia y una normativa que consideran de baja calidad. A su juicio, esa combinación reduce la capacidad de planificar, frena la inversión y complica el día a día de las empresas.
La preocupación crece cuando se mira al medio plazo. Casi la mitad de los empresarios encuestados anticipa que la economía se deteriorará en 2026, con factores internacionales que añaden tensión: el aumento de las barreras al comercio, los conflictos geopolíticos y la desinformación aparecen como elementos que alimentan la incertidumbre y debilitan las expectativas.
En el plano interno, el diagnóstico es todavía más duro. Más del 90 % valora de forma negativa las medidas económicas recientes. Entre los puntos que más inquietan destacan el incremento de los costes laborales, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y el desequilibrio de las cuentas públicas, cuestiones que el empresariado interpreta como señales de falta de estabilidad y de un marco poco fiable para invertir y crear empleo.
Pese a todo, muchas compañías intentan sostener su actividad en un contexto complicado. Más de dos tercios prevé mantener o incluso mejorar su marcha en los próximos doce meses, aunque solo una minoría confía en aumentar márgenes. En la práctica, la sensación que se impone es que puede haber actividad, pero con rentabilidad cada vez más ajustada.
Por eso, las prioridades estratégicas para 2025 se orientan más a resistir que a expandirse. La atracción y retención de talento y el control de costes se consolidan como los grandes objetivos, mientras la transformación digital gana peso frente a la innovación en producto, con un enfoque más pragmático: mejorar procesos y productividad para aguantar el golpe.
En paralelo, la encuesta refleja una apuesta creciente por la inteligencia artificial y la digitalización como herramientas clave para mejorar la eficiencia. Sin embargo, el empresariado mantiene una percepción mayoritariamente negativa sobre la eficiencia del gasto público, lo que refuerza la idea de que el esfuerzo del sector privado no siempre se ve acompañado por una gestión pública eficaz.
También aparece un punto especialmente crítico para las pymes: el acceso a las ayudas. Más del 60 % de las empresas asegura no haber solicitado fondos europeos Next Generation, principalmente por la complejidad administrativa y por la percepción de que esos recursos benefician sobre todo a grandes compañías, dejando fuera a buena parte del tejido empresarial.
Los autores del informe subrayan la necesidad de reformas estructurales en fiscalidad, mercado laboral, educación y Administración pública para recuperar competitividad y mejorar el clima empresarial. Y el mensaje final es inequívoco: los empresarios navarros describen el escenario como incierto, exigente y cada vez más difícil para sostener la actividad con garantías.
