La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, ha expresado públicamente el dolor que causa la "decisión política de expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras navarras", un hecho que "se perpetrará definitivamente el 1 de julio próximo", según ha anunciado la presidenta María Chivite, "quien gobierna con el apoyo de los radicales independentistas vascos".
“Los 220 compañeros del Departamento de Tráfico de Navarra son víctimas de un cambalache político que no solo les afecta a ellos en su trabajo, también provoca daños muy graves en la vida de sus familias, que pueden verse obligadas a abandonar Navarra”, ha señalado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
“María Chivite ha dicho que poner fecha a la expulsión de 220 familias de Navarra es para ella un gran día. A JUCIL esta alegría le recuerda las infames expulsiones de judíos y moriscos de la Península Ibérica de los reinados de los Austrias” ha dicho Vilariño, quien ha adelantado que los servicios jurídicos de la asociación estarán a disposición de los agentes que lo soliciten “para asegurar que puedan continuar con su trabajo y con sus vidas en el lugar que han elegido para residir y desarrollar su historia familiar".
En este sentido, ha remarcado que "no es aceptable que en un estado moderno y que se proclama avanzado en conciencia y bienestar social se expulse de un territorio a familias enteras solo por el deseo de unos políticos”; y ha añadido que “este hecho es propio de estados totalitarios, como la Unión Soviética bajo la tiranía de Stalin, que decidía sobre la vida y las haciendas de millones de personas a las que deportaba, trasladaba y obligaba a cambiar de lugar. Lo que ocurre en Navarra recuerda aquella tiranía”, ha agregado Vilariño.
JUCIL sospecha que el anuncio de que la fecha de esa desaparición de los guardias civiles de las carreteras navarras será el 1 de julio próximo tiene mucho que ver con la próxima convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales. “María Chivite y el Partido Socialista buscan quizá ofrecer una primera promesa electoral muy cercana a los grupos más radicales en los que se ha apoyado hasta ahora para gobernar con el ánimo de rascar unos cuantos votos en esos comicios a cambio de perjudicar el desarrollo social, laboral y hasta la forma de vida de 220 familias hasta ahora asentadas en Navarra y a las que no les tiembla la mano en obligar a abandonar esa comunidad” ha dicho Ernesto Vilariño. “JUCIL lucha por la equiparación salarial con las policías autonómicas y luchará también para que estos compañeros, y sus familias, no sufran el cruel destino al que les han arrojado los políticos”, ha concluido.
