La firma del protocolo ha corrido a cargo del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve.
El Gobierno de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia han firmado un protocolo de atención en salud mental en procesos penales.
Esta colaboración es fruto de la asunción de las competencias en materia de sanidad penitenciaria y los esfuerzos del Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa por una atención personalizada en la reinserción y los derechos de las personas presas, según señala el Ejecutivo Foral en un comunicado.
La firma del protocolo ha corrido a cargo del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve.
Según apunta el Gobierno, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta, en la actualidad, el sistema penitenciario español es el elevado número de personas que sufren alguna enfermedad mental, patología psiquiátrica o trastornos adictivos y que cumplen penas y medidas de seguridad privativas de libertad.
Así, este protocolo tiene por objeto coordinar la relación entre los operadores jurídicos y sanitarios, para que la atención a estas patologías psiquiátricas contribuya a reducir la reincidencia de aquellas personas que han cometido delitos a causa de su enfermedad.
Establecer este tipo de mecanismos de coordinación es necesario para conseguir una atención sanitaria y social adecuada de todas las personas que, presentando alguna de estas patologías, se vean incursas en procedimientos judiciales penales ante los órganos judiciales de Navarra o estén cumpliendo penas o medidas de seguridad en establecimientos penitenciarios situados en la Comunidad Foral con independencia del tribunal sentenciador.
El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, dependiente de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia, se puso en marcha el pasado mes de marzo de 2021.
En apenas un año de funcionamiento, según indican, se ha convertido en una referencia estatal por la capacidad de integrar a profesionales de diferentes ámbitos en la búsqueda de planes e itinerarios personalizados para que las personas condenadas superen la situación que les haya llevado a cometer un delito. Y busca garantizar a las personas presas que no pierdan derechos (como a la salud o la educación) que sus condenas no les quitan.
En el caso de las personas condenadas a prisión, el objetivo es que, paulatinamente, aumenten las penas privativas de libertad que se cumplen en régimen abierto; y que, de ahí, se pase a cumplir la pena en un régimen de libertad supervisada que les permita, con los apoyos y evaluaciones que sean precisos, desarrollar su vida en su ámbito natural de socialización, tanto a nivel familiar, como social y laboral.
Además este servicio es responsable de coordinar los trabajos de la Mesa Penitenciaria: un órgano de participación de diferentes colectivos y entidades que trabajan con la población reclusa de Pamplona.
El objetivo de esta Mesa Penitenciaria es abordar con estas entidades las cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y la atención en el centro penitenciario de la capital navarra.
Para dar a conocer los principios que inspiran este servicio y las actuaciones que se desarrollan desde el mismo, se ha elaborado un audiovisual, en castellano y en euskera y basado en la facilitación gráfica, que, según explican, resume "de qué manera este servicio promueve un concepto de seguridad basado en la justicia y en nuestra cohesión como Comunidad".
