Se ha enviado una proposición de ley a los grupos parlamentarios para que sea aprobada en la Cámara.
CCOO de Navarra ha presentado una proposición de ley para que los permisos de maternidad y paternidad estén exentos de pagar el IRPF cuando los rendimientos de trabajo estén por debajo de los 25.750 euros en el caso de familias monoparentales y de los 32.250 euros en el caso de unidades familiares constituidas por dos progenitores.
El sindicato ha enviado su proposición de ley a todos los grupos parlamentarios, a lo que ha llamado a aprobar esta ley al entender que "hay presupuesto para ello, es una medida socialmente importante y ha llegado el momento de revertir los recortes".
En rueda de prensa, el responsable del gabinete de estudios de CCOO de Navarra, Joseba Eceolaza, ha remarcado que esta exención fiscal a permisos de maternidad y paternidad "ya existía en la Comunidad foral desde el año 2003 hasta 2013", por lo que ha apostado por "recuperar este derecho" para "fortalecer la política social del Gobierno foral" y "lograr el reparto justo de la riqueza".
En opinión del sindicato, esta proposición de ley, por el procedimiento de lectura única, recoge una medida de "justicia redistributiva, reparto de la riqueza, mirada social y una recomendación del Defensor del Pueblo de enero de 2017". Y ha defendido que el costo de esta iniciativa es "muy bajo para el impacto que puede tener en las clases medias y bajo".
"El año pasado Navarra ingresó por vía de IRPF en permisos de maternidad y paternidad 574.000 euros, teniendo en cuenta que sólo establecemos la exención fiscal a unas rentas, podríamos estar en un costo de cerca de 300.000 euros, una cifra muy asumible para la Hacienda foral", ha argumentado Joseba Eceolaza.
A este respecto, ha detallado que el pasado año se registraron en Navarra cerca de 8.000 permisos de maternidad y paternidad, en concreto, 3.849 mujeres solicitaron el permiso y 3.814 hombres. La iniciativa del sindicato afectaría al 70% del total de permisos por la escala salarial fijada, un salario menor a 25.750 euros en el caso de familias monoparentales, ya que éste es el sueldo medio de los navarros; y 32.250 euros en el caso de unidades familiares con dos progenitores, al ser el ingreso medio por hogar. En caso de aprobarse la ley, entraría en vigor para el ejercicio fiscal de 2018.
Por otro lado, Eceolaza ha destacado que con esta ley se dotaría a la Hacienda foral de "mayor seguridad jurídica", ya que "hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que las exenciones tienen que existir, mientras hay otras sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que las exenciones no tienen que existir".
Según ha indicado, "esto no nos afectaría, porque tenemos Hacienda foral propia, pero sí que creemos que una ley con términos claros y contundentes nos dotaría de mayor seguridad jurídica que es lo que falta en la legislación estatal".
A juicio del representante de CCOO, "tener autogobierno y una Hacienda foral propia debe servir para fortalecer la política social, para que las clases medias y bajas se vean apoyadas y para ahondar en los derechos sociales de las familias navarras".
El responsable del gabinete de estudios de CCOO de Navarra, Joseba Eceolaza, y la responsable de Mujer y Juventud del sindicato, Nerea Contreras. EUROPA PRESS
"ES MOMENTO DE RECUPERAR DERECHOS"
En este mismo sentido, Nerea Contreras, responsable de Mujer y Juventud del sindicato, ha reivindicado que "es momento de recuperar derechos que con la crisis se vieron mermados" y ha resaltado que desde el sindicalismo "podemos hacer mucho para provocar cambios también en las leyes, y no sólo en los convenios colectivos"
"Es tiempo de repartir y aprobar esta ley para que los permisos de maternidad y paternidad estén exentos de pagar el IRPF es perfectamente compatible con las políticas sociales y económicas que está llevando a cabo el Gobierno foral y, además, refuerza el sentido de varias de ellas que ya están en rigor", ha apuntado.
Igualmente, ha defendido que "es importante hacer efectivo el derecho al cuidado del menor por parte de sus progenitores" y que, para ello, "resulta imprescindible aprobar diversas medidas sociales y económicas que faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional".
