La historia de Vicente Nazábal Auzmendi encarna una de las paradojas más sangrientas e indignantes de la reciente historia de Navarra. Se trata del retrato de un hombre que no ha dudado en descerrajar cinco tiros a quemarropa en la cabeza a un vecino de su propio pueblo y que, tras beneficiarse de un sistema penitenciario benevolente que le ha permitido salir a la calle habiendo cumplido menos de la mitad de su condena, no ha tenido empacho en enfundarse la toga de letrado para ponerse al servicio de la estructura política que ha amparado sistemáticamente la violencia terrorista.
Los hechos se remontan a 1979, cuando el exalcalde de Echarri Aranaz, Jesús Ulayar Liciaga, fue acribillado a balazos en la puerta de su domicilio y en presencia de su hijo de tan solo 13 años. El autor material de aquellos disparos a bocajarro no fue un desconocido llegado de fuera, sino un joven del propio pueblo que decidió segar la vida de su vecino en nombre de las siglas de ETA. Pese a que los tribunales le impusieron penas que sumaban más de 44 años de prisión por este asesinato y por diversos atentados cometidos dentro del comando Sakana —incluido el ametrallamiento a la Guardia Civil—, Nazábal ha logró liquidar sus cuentas con la justicia permaneciendo en la cárcel únicamente 17 años.
Lejos de mostrar atisbo alguno de arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas o colaborar con la justicia para esclarecer otros crímenes sin resolver, el antiguo pistolero ha aprovechado los privilegios del sistema penitenciario para cursar la carrera de Derecho entre rejas. En 1996, beneficiado por la pronta excarcelación, recuperó la libertad e inició de inmediato su andadura en los juzgados sin haber mostrado la más mínima quiebra con el ideario totalitario que le llevó a matar.
Su reincorporación a la vida laboral tuvo además una clara intencionalidad política e ideológica. El asesino de Ulayar se integró de forma inmediata en el bufete pamplonés del histórico dirigente Patxi Zabaleta, cofundador de Herri Batasuna.
Apenas dos años después de haber abandonado el penal, Nazábal saltó directamente a los estrados luciendo la toga para representar judicialmente a la propia Herri Batasuna. Sólo un par de años después de que Herri Batasuna firmara la ponencia Oldartzen, que hablaba de "socializar el dolor" , el ejecutor de Echarri Aranaz ejerció como la voz legal de la formación en sonados procedimientos judiciales.
Décadas después del crimen que conmocionó a la comarca de la Sakana, el asesino de Jesús Ulayar continúa ejerciendo la abogacía con absoluta normalidad en la capital navarra. Su trayectoria profesional constituye el retrato inequívoco de un terrorista que, tras cumplir un castigo ridículo en relación con la gravedad de sus actos, no ha dudado en utilizar la ley para defender a quienes todavía a día de hoy se niegan a condenar el rastro de sangre y dolor que él mismo ayudó a sembrar.
