Acudir a toda velocidad para auxiliar a un ciudadano que sufre un delito violento o proteger la propia vida en la carretera. A esa absurda encrucijada se han visto abocados cuatro agentes de la Guardia Civil tras ser imputados e investigados por la vía penal simplemente por acudir con la máxima urgencia a un atraco a mano armada. Un caso rocambolesco que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno del Instituto Armado por la desprotección a la que se exponen las patrullas de seguridad ciudadana en su día a día.
Los hechos se desencadenaron de madrugada, pasadas las tres de la mañana, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) emitió una alerta de máxima prioridad por un atraco en curso en un municipio. Las dos patrullas más cercanas recibieron la orden explícita de desplazarse con la mayor celeridad posible para auxiliar a las víctimas e interceptar a los delincuentes. Durante la carrera para llegar al lugar de la emergencia, un radar fijo cazó a ambos vehículos oficiales superando los límites de velocidad permitidos.
A pesar de que existían informes oficiales que justificaban plenamente el exceso de velocidad por tratarse de un servicio prioritario de extrema urgencia, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Zona de Sevilla decidió instruir diligencias penales contra los integrantes de las dos patrullas.
Como consecuencia de esta decisión, mes y medio después, los cuatro guardias civiles se vieron obligados a comparecer en el Juzgado de Guardia en calidad de investigados. La citación llegó a provocar que uno de los agentes tuviera que interrumpir sus vacaciones estivales para acudir a declarar ante el magistrado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Tal y como ha revelado el diario Granada Hoy a raíz de las denuncias públicas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el procedimiento situó a los agentes al borde de penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas y la privación del carné de conducir de uno a cuatro años.
Una situación de riesgo penal que chocaba de frente con el propio Reglamento General de Circulación, que reconoce un régimen especial de prioridad para los vehículos de emergencia en servicio urgente.
Finalmente, tanto la Fiscalía como la autoridad judicial descartaron rotundamente la existencia de responsabilidad penal y procedieron al archivo definitivo de la causa. Sin embargo, desde la AUGC califican el episodio de "absolutamente insólito y sin precedentes", advirtiendo de que la falta de un protocolo claro y uniforme por parte de la Dirección General deja vendidos a los agentes en los tiempos de respuesta ante el 062: "No se puede obligar a un guardia a elegir entre proteger a un ciudadano o terminar en el banquillo", concluyen desde la asociación.
