Del Burgo considera que los hechos podrían encajar en prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública.
El abogado y expresidente del Gobierno de Navarra Jaime Ignacio del Burgo ha presentado este viernes una denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Velate. El escrito, presentado en su propio nombre, sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública y atribuye posibles responsabilidades a once personas.
Entre ellas figuran la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la expresidenta navarra Uxue Barkos; la ministra Elma Saiz; el parlamentario socialista Ramón Alzórriz; los consejeros y exconsejeros Bernardo Ciriza, José Luis Arasti y Óscar Chivite; además de Pedro Andrés López Vera, Jesús Polo y Antxon Alonso, presidente y administrador de Servinabar.
Del Burgo solicita a la UCO que compruebe los hechos y que, si aprecia la existencia de algún delito, dé cuenta a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. El denunciante también se ofrece a ratificar y ampliar su escrito y a aportar nueva documentación.
El relato comienza con los antecedentes del proyecto y sitúa uno de sus primeros puntos de interés en una reunión celebrada en Madrid el 7 de febrero de 2020. Según la denuncia, Santos Cerdán, entonces diputado por Navarra, participó en un encuentro entre representantes de los gobiernos central y navarro para conseguir una aportación estatal de 40 millones de euros destinada a las obras. El informe que ya manejaban los letrados del PP recogía también este episodio.
Del Burgo vincula aquella intervención con la relación de Cerdán con Servinabar, una de las empresas que posteriormente formó parte de la UTE adjudicataria junto con Acciona Construcción y Excavaciones Osés. La denuncia parte del documento privado localizado por la Guardia Civil que atribuía a Cerdán un 45% de Servinabar.
El escrito sostiene que Cerdán habría impulsado que la obra terminara en manos de esa UTE y dedica también atención a la entrada de Servinabar en la unión temporal. Noemí Osés declaró ante la comisión parlamentaria que la incorporación de esta sociedad había sido propuesta por Acciona y que Servinabar no era imprescindible para formar la UTE.
Otra de las piezas centrales de la denuncia es la continuidad en el servicio activo de Jesús Polo, funcionario de Obras Públicas que terminó presidiendo la Mesa de Contratación de Velate pese a haber alcanzado la edad de jubilación.
Del Burgo cuestiona una enmienda "in voce" incorporada durante la tramitación de los Presupuestos de Navarra para 2022, que permitió prolongar el servicio activo en determinadas circunstancias. El escrito sostiene que aquella disposición tenía en realidad carácter "ad personam" para Polo y enlaza esa primera medida con otras dos prórrogas posteriores. La primera enmienda fue firmada por Ramón Alzórriz, Uxue Barkos y Mikel Buil, según la documentación recogida en la denuncia.
La denuncia pone después el foco sobre la valoración de las ofertas. Recuerda que la decisión terminó con cinco votos favorables y tres contrarios y recoge las críticas formuladas por miembros de la Mesa. En concreto, alude al testimonio de su secretario, Lorenzo Serena, quien cuestionó que Polo emitiera su puntuación después de conocer las valoraciones de otros técnicos. Jesús Polo ha negado que manipulara su puntuación para alterar el resultado.
Del Burgo incorpora además el posterior traslado de Serena a unas dependencias del polígono de Landaben. Según la documentación ya conocida, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra calificó ese traslado como un "acto de represalia" e instó al Gobierno foral a rectificar.
La denuncia también destaca las cifras de la adjudicación. El presupuesto de licitación ascendía a 78.602.252,05 euros sin IVA, mientras que el contrato fue adjudicado por 62.881.801,65 euros sin IVA. La diferencia alcanzó los 15.720.450,40 euros, equivalente a una baja del 20%.
Del Burgo relaciona esta rebaja con los cambios planteados posteriormente durante la ejecución. El escrito recoge que a finales de abril de 2024 ya se estudiaban modificaciones, apenas unas semanas después del inicio de las obras, y que en mayo una ingeniería contratada por la UTE elaboró un estudio preliminar para revisar el proyecto.
La denuncia se apoya igualmente en el informe elaborado en septiembre de 2026 por la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra sobre el modificado número 1. Ese informe ha señalado que la UTE cambió aspectos de su oferta que habían resultado determinantes para obtener una mejor valoración y ha considerado difícil atribuirlos exclusivamente a circunstancias imprevistas surgidas durante la ejecución.
El escrito añade otro elemento procedente de las investigaciones de la UCO: los 129.167 euros que, según la documentación policial citada por Del Burgo, la UTE de Velate abonó a Servinabar. Investigaciones publicadas posteriormente han situado esos pagos en 129.167,66 euros y los han vinculado con cuentas asociadas a una tarjeta utilizada por Cerdán y su entorno, siempre dentro de unas pesquisas todavía sometidas a investigación judicial. (Navarra.com)
Del Burgo solicita a la UCO que reclame al Departamento de Cohesión Territorial el expediente íntegro de contratación de Velate, incluidas las actas de la Mesa, los informes y puntuaciones de las ofertas y los expedientes relativos a las modificaciones del contrato.
También pide recabar del Parlamento de Navarra toda la documentación relacionada con la enmienda "in voce" de diciembre de 2021 y con las sucesivas normas que permitieron prolongar el servicio activo, así como las actas de la comisión de investigación. Reclama igualmente el informe de la Asesoría Jurídica sobre el modificado número 1 y el expediente de la Oficina Anticorrupción sobre el traslado de Lorenzo Serena.
Entre las declaraciones que propone figura la de Lorenzo Serena, la de Noemí Osés y las de los restantes miembros de la Mesa de Contratación. El escrito concluye solicitando a la Guardia Civil que compruebe todos los hechos y que los ponga en conocimiento de los tribunales y de la Fiscalía si considera que presentan relevancia penal.
La presentación de esta denuncia se ha producido después de que Navarra.com publicara el 22 de septiembre que los abogados del PP personados en el caso Koldo manejaban un informe que planteaba ya esos mismos tres posibles delitos y señalaba, entre otros, a María Chivite y Santos Cerdán. Aquel análisis incidía también en las prórrogas de Jesús Polo, la valoración de la Mesa de Contratación y las modificaciones planteadas poco después de adjudicarse las obras.
Frente a las acusaciones políticas surgidas durante los últimos meses, María Chivite ha defendido la transparencia de la adjudicación y ha recordado que los miembros de su Gobierno no forman parte de las mesas de contratación. En mayo sostuvo además que en aquel momento no había documentos públicos o comparecencias que acreditaran indicios de delito. Por su parte, la comisión de investigación del Parlamento aprobó en junio unas conclusiones que no acreditaron prácticas corruptas, aunque sí recogieron irregularidades procedimentales en determinadas adjudicaciones.
