El Fiscal considera que los 8 procesados actuaron dentro de un movimiento para expulsar a la Guardia Civil de Navarra y provocar su exclusión social.
El juicio contra ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, que se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por terrorismo, comienza este lunes en la Audiencia Nacional y se prolongará durante diez sesiones, en las que declararán medio centenar de testigos.
Se espera que los acusados, siete de ellos con edades comprendidas entre los 21 y 24 años y un octavo de 31 años, comiencen el mismo lunes a declarar ante la sección primera en la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid) por participar en la paliza que recibieron un teniente y un sargento del instituto armado, así como sus parejas, en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar de la localidad navarra.
El fiscal José Perals centra su actuación en delitos de terrorismo al entender que estos hechos se enmarcaron en las campañas denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".
"Existe una segunda intencionalidad -dice Perals en su escrito de acusación-, que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente".
El caso abierto contra los agresores acabó en la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia de Navarra, que no veía ese delito, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.
Esa imputación de terrorismo levantó polémica en diversos sectores, que se plasmó en la manifestación celebrada este sábado en Pamplona y apoyada por el Gobierno de Navarra, el consistorio pamplonés y el Parlamento de Navarra gracias al apoyo de los partidos del cuatripartito nacionalista: Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE.
Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (estos tres primeros están en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.
Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.
Para una octava procesada, Ainara Urquijo, el fiscal pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.
La Fiscalía propone unas penas alternativas rebajadas para los principales acusados, de 30 años de cárcel para Ohian Arnanz y 18 años para los otros seis por desórdenes públicos terroristas, atentado contra la autoridad, lesiones no terroristas y, en el caso del primero, también amenazas terroristas.
Está previsto que los acusados comiencen a declarar el lunes ante el tribunal después de la fase de cuestiones previas, en la que las defensas pueden presentar nuevas pruebas pero que no se espera larga.
Durante la instrucción, los acusados se negaron a contestar al fiscal y a la acusación, ejercida por la asociación de víctimas Covite y que aumenta sus peticiones de pena hasta los 66 años y medio de cárcel para Arnanz y entre 54 y 14 años para el resto de acusados.
Tras sus declaraciones comenzará la fase de prueba, en la que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, se espera la comparecencia de medio centenar de testigos, 17 de ellos propuestos por la Fiscalía, como el propietario y una camarera del bar donde ocurrieron los hechos, así como los policías forales que acudieron al lugar.
Por parte de las defensas hay más de 30 testigos previstos, muchos de ellos personas que, según los abogados, presenciaron la paliza, en la que los guardias civiles sufrieron contusiones en la cabeza, espalda y brazos, así como una fractura de tobillo, y las mujeres hematomas y tendinitis.
En la fase pericial declararán tanto los médicos forenses que atendieron a los agentes y sus parejas como guardias civiles de inteligencia con los que la Fiscalía intentará probar la vinculación de los grupos Alde Hemendik con ETA.
