El exsecretario de Organización del PSOE argumenta que no existen pruebas que justifiquen su prisión y reclama igualdad de trato tras la libertad de Ábalos y Koldo.
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo que revoque la prisión provisional que cumple desde el 30 de junio, tras la decisión del instructor del caso Koldo de confirmar la libertad de José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. “Hace ya 107 días”, ha subrayado la defensa del político navarro, que insiste en que mantenerle en prisión “carece de sentido”.
Los abogados de Cerdán argumentan que el magistrado Leopoldo Puente decidió mantener a Ábalos y a Koldo en libertad con medidas cautelares —como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la comparecencia quincenal— al estimar que el riesgo de fuga podía controlarse con esas restricciones. Por ello, sostienen que “si quienes tenían contactos internacionales y posibles fondos no localizados no han sido enviados a prisión, menos aún debería estarlo Cerdán, que no tiene cuentas en el extranjero ni se le ha hallado dinero alguno”.
El exdirigente socialista está ingresado en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por riesgo de fuga y por la supuesta manipulación de pruebas, dada su presunta implicación en la trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública. Sin embargo, su defensa denuncia un “trato desigual” respecto al resto de investigados y afirma que su encarcelamiento “solo se mantiene a la espera del informe patrimonial definitivo”, algo que —según recalcan— no justifica la prisión provisional.
El propio juez ya ha avanzado que Cerdán podría salir de prisión antes del 30 de diciembre, fecha en la que se cumplen seis meses de internamiento. Mientras tanto, su defensa insiste en que el informe patrimonial de Ábalos elaborado por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) no establece ningún vínculo entre los bienes del exministro y los de Cerdán.
Los letrados recalcan también que el ingreso en prisión vulnera su “derecho fundamental a la participación política”, ya que sigue siendo diputado del Congreso. Denuncian que la investigación contra él “no fue ordenada por el Supremo” y que la Policía Judicial actuó por su cuenta elaborando “un atestado de 490 páginas” sobre un aforado sin la preceptiva autorización parlamentaria.
Además, cuestionan las grabaciones realizadas entre 2019 y 2023 por Koldo García, en las que aparecen conversaciones con Ábalos y Cerdán. Afirman que estos audios “proceden de teléfonos proporcionados por un comandante de la Guardia Civil también investigado” y piden que se esclarezca “quién, cómo y cuándo” se realizaron esas grabaciones y si fueron editadas.
Por último, la defensa alude a “la filtración de información a dirigentes del PP” y a posibles irregularidades en la obtención de pruebas, apuntando incluso a un contexto de espionaje político que debería investigarse a fondo.
