El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que senadores del PP presentaron contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento vasco, así como el recurso que registraron diputados 'populares', de Ciudadanos y de Vox contra una ley similar que salió adelante en el Parlamento de Navarra.
En el caso de la normativa navarra, ha sido recurrida tanto por diputados del PP como de Ciudadanos y de VOX, pues coinciden al denunciar que la ley confunde a víctimas con verdugos, ofende a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, blanquea a la banda terrorista ETA e insulta la memoria de sus asesinados y sus supervivientes.
Se trata de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada en el parlamento navarro en primavera y que habría de sustituir a la normativa previa sobre este asunto que en 2018 fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Conforme denunciaron tras la aprobación sindicatos policiales y de guardia civil y recogen los recursos de inconstitucional, la normativa permite que un comité declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite y sin que medie sentencia judicial, de modo que implícitamente se daría por culpable a una institución o uno de sus funcionarios.
En el caso de la norma vasca, los recurrentes alegan que la norma impugnada puede vulnerar la reserva constitucional de la función jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial, e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
El tribunal de garantías ha acordado que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno así como al Parlamento y al Gobierno del País Vasco para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. La ponencia de la sentencia que se dicte en su día corresponderá al magistrado Cándido Conde-Pumpido.
El Constitucional, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dispone dar traslado de toda la documentación tanto al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno como al Parlamento y Gobierno de Navarra para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.
EL PPN MUESTRA SU SATISFACCIÓN
El Partido Popular de Navarra ha manifestado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el pasado mes de julio promovió el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra la ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por Actos de Motivación Política, más conocida como ley de abusos policiales.
UNA "AGRESIÓN AL AUTOGOBIERNO"
Geroa Bai ha calificado como una "agresión al autogobierno" los recursos presentados por PP, Ciudadanos y Vox contra la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de "motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, recursos que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional".
Geroa Bai ha instado tanto al Parlamento como al Gobierno foral a personarse en la causa para defender la norma foral y ha afirmado que "los recursos recogen acusaciones inaceptables como que la ley confunde a víctimas con verdugos o que es un intento de blanqueo a ETA".
La coalición ha asegurado que estos argumentos "han sido refutados en público, además de por los grupos políticos impulsores de la norma, por diversas víctimas de ETA que se han mostrado contrarias a este tipo de interpretaciones".
Geroa Bai ha afirmado que "la ley recurrida pretende reconocer a víctimas que, como Mikel Zabalza, Gladys del Estal, José Luis Cano o Germán Rodríguez, sufrieron violencia por parte de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, habiendo adecuado el texto a las restricciones impuestas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la anterior ley foral que regulaba la materia y que anuló parcialmente la misma".
Geroa Bai ha incidido en "la necesidad ética y política de buscar la verdad, la justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia, independientemente de su ideología y contexto victimológico".
Asimismo, la coalición ha rechazado "la sistemática judicialización de la política a la que recurren ciertos grupos políticos" y ha apostado por "el diálogo como el marco para solucionar las discrepancias políticas".
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