Considera que no existen indicios suficientes para probar que haya existido la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía de Navarra ha solicitado el archivo de la causa en la que se investigaba el cobro de supuestas subvenciones irregulares en Tasubinsa al entender que no existen indicios suficientes de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.
De esta manera, la fiscalía pide que se archive el procedimiento contra todas las personas solicitantes de las subvenciones y a la propia entidad
En esta causa, dirigida por el juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona están siendo investigadas distintas personas del consejo de administración de la empresa.
Según la Fiscalía, en las diligencias de investigación practicadas no se encuentran pruebas de que efectivamente Tasubinsa falseara documentación con el ánimo de conseguir una subvención a la que no tendría derecho, dentro de las ayudas de apoyo a los centros especiales.
La fiscalía y el juez investigaron su Tasubinsa habría presentado intencionadamente listados de trabajadores falseando las condiciones requeridas para la obtención de la subvención relativa al coste laboral y de seguridad social de las unidades de apoyo a los centros especial de empleo.
Un dinero que llegaría desde el Servicio Navarro de Empleo y para cuya obtención era necesario cumplir unas ratios de personal de apoyo por número de trabajadores con discapacidad, de manera que, incumpliendo dichas ratios, no se podía optar a la subvención.
La Fiscalía considera que ha quedado acreditado que Tasubinsa presentó algunos, que no todos, trabajadores duplicados para la mencionada subvención y para otro tipo de ayudas, que eran incompatibles entre sí.
Entiende el fiscal que tras la declaraciones de los firmantes de las solicitudes entre los años 2009 y 2013 y de la responsable del departamento de Tasubinsa que preparaba la documentación, se llegó a la conclusión de que en algún momento a lo largo de esos años, probablemente en los años 2009 y 2010, por una de las trabajadoras se duplicaron los trabajadores, sin que al parecer fueran conscientes de la gravedad de dicha duplicidad.
Tasubinsa mantuvo en todo momento que se trató de un error y que no hubo ánimo de engañar a la administración.
La fiscalía analizó los listados de trabajadores y considera que se debe excluir la persecución penal, ya que no existen indicios suficientes de que se habrían falseado las condiciones requeridas para la obtención de la subvención, es decir, los módulos o ratios de composisón de las unidades de apoyo exigidos legalmente.
