El consejero Manu Ayerdi mantiene su intención de no dimitir tras la apertura de un proceso penal del Tribunal Supremo por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos en la entrega de subvenciones a la empresa Davalor.
En una carta remitida por el propio Ayerdi este martes a la presidenta del Gobierno María Chivite, el todavía consejero del Gobierno foral señala que sólo dimitirá en el que caso de que su situación procesal pase a ser la de investigado, algo que realmente ya ha ocurrido.
Además, Manu Ayerdi asegura en esa misma carta que, en el caso de que eso ocurra, le gustaría tener "una semana para poder preparar un estado de situación y poder desmedirme de todas las personas que ha colaborado conmigo".
"Mientras tanto seguiré trabajando de forma plenamente comprometida por el futuro de Navarra, tratando en mis decisiones, como hasta ahora, de contribuir de la mejor manera posible al desarrollo económico y socio de nuestra comunidad", termina la carta de Ayerdi.
La carta de Ayerdi a Chivite la ha hecho llegar Geroa Bai tratando de "despejar cualquier duda al respecto", aunque la realidad es que Ayerdi ya está siendo investigado por el Tribunal Supremo y su decisión, por el momento, es la de no dimitir.
En la nota remitida por Geroa Bai se ha manipulado el texto de la ley que obliga a dimitir ya al consejero. Los nacionalistas aseguran que la norma dicta que se debe dimitir cuando sea "llamado a declarar como investigado", cuando la ley lo que dice en realidad es que debe hacerlo en el momento en el que el "cargo público conozca que un tribunal o juzgado ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal como investigado", algo que ya ha ocurrido desde que el Tribunal Supremo anunció que se ha abierto un proceso contra Ayerdi por varios delitos de corrupción.
"Desde Geroa Bai queremos hacer una vez más patente nuestra convicción y confianza en la gestión que a lo largo de la pasada legislatura y en la presente está llevando a cabo Manu Ayerdi, desde el convencimiento de que los propios tribunales lo ratificarán", termina el texto remitido por los nacionalistas.
Este mismo martes el líder del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha asegurado que es una "profunda injusticia" que el Tribunal Supremo haya abierto causa penal a Manu Ayerdi y ha mantenido que se trata de "un caso más de persecución política" tras la querella presentada por UPN.
Por su parte, Navarra Suma ha indicado que ha dado traslado oficial mediante registro a la presidenta del Gobierno del citado auto y, según ha indicado en un comunicado, "de esta forma, no cabe alegar por parte de la presidenta ausencia de notificación oficial de la causa abierta contra un consejero de su Gobierno por la presunta comisión de algunos de los delitos de corrupción de los que se recogen en el artículo 68 de la Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo, y, en consecuencia, ha de proceder a su estricto cumplimiento como responsable de su nombramiento", ha dicho Navarra Suma.
Por este motivo, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha apremiado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, a que "cumpla la ley" y cese "de inmediato" al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi. Esparza ha advertido a Chivite de que "si no lo cesa, deberá asumir las consecuencias y las responsabilidades políticas y jurídicas de su incumplimiento legal".
El artículo 68 de la Ley Foral aprobado en 2018 por el Gobierno de Uxue Barkos y el cuatripartito nacionalista y que modificaba otras dos leyes anteriores señala la incompatibilidad del puesto de consejero foral con la de estar investigado por un posible delito de corrupción, que son los que también se han tipificado en el caso del auto de Manu Ayerdi.
La ley es clara y dice lo siguiente: "En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".
Además, en el siguiente punto se indica que así lo tiene que entender, el cese, "quien tenga la potestad de relevarlo", en este caso la propia María Chivite.
